Sucesos
Venezuela eje del crimen organizado en la región, afirma Fundación InSight Crime
Venezuela eje del crimen organizado en la región, afirma Fundación InSight Crime.
Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región. “Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite bolivariana”. El estudio de la fundación InSight Crime, afirma que hay líderes de las instituciones venezolanas; involucrados en narcotráfico, contrabando de gasolina y el mercado negro de comida.
La fundación InSight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en el continente americano; presentó en Bogotá un estudio en el que concluye que Venezuela se ha convertido en un exportador de criminalidad.
“Empezamos estudiando a miembros del régimen bolivariano y sus vínculos con la actividad criminal; y eso fue el punto que nos llevó a la conclusión de que Venezuela es un Estado mafioso”; dijo a la prensa el director ejecutivo de la organización, Jeremy McDermott, quien presentó el estudio.
La red de la criminalidad en Venezuela
McDermott agregó que hay “líderes de las instituciones venezolanas involucrados en redes criminales de narcotráfico; contrabando de gasolina y el mercado negro de comida; un negocio que es tremendamente lucrativo”.
Entre los señalados por el informe están algunos de los principales políticos del país. Entre los más de 100 archivos recogidos por InSight Crime también se encuentran gobernadores; directivos de Petróleos de Venezuela, cargos de las fuerzas de seguridad y miembros y ex miembros del Ejecutivo.
“Hemos encontrado a 123 funcionarios quienes, creemos con seguridad; están involucrados en actividades criminales”, detalla la publicación.
El estudio, titulado “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?”, difundido en alianza con la Universidad del Rosario; es el resultado de tres años de investigaciones. Alerta del crecimiento exponencial del crimen organizado estatal y no estatal en los últimos seis años; y apunta que más de 16 megabandas, organizaciones con control territorial y economías ilegales diversificadas; operan en Venezuela, algunas con más de 300 miembros.
Venezuela no puede ni combate el crimen organizado
“Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado; mucho menos combatirlo con eficacia”, especifica el informe.
Y agrega: “Con los índices de criminalidad en ascenso y el contrabando a gran escala hacia países vecinos; incluyendo muchas islas pequeñas y vulnerables en el Caribe; Venezuela se está convirtiendo en un exportador neto de criminalidad”.
McDermott detalló que el gobierno venezolano contribuyó a ese crecimiento; al dar “poder a estructuras criminales fuera de las fuerzas armadas; que actúan en muchos casos con la bendición del Estado”.
El estudio profundiza en el fenómeno del narcotráfico, ya que el principal país de tránsito para la cocaína colombiana es Venezuela; donde la droga se transporta habitualmente a República Dominicana para exportarla desde allí a Estados Unidos y Europa.
Narcovuelos sin ser molestados
El director de InSight Crime calculó que entre 115 y 150 toneladas de cocaína pasan por Venezuela cada año; y afirmó que el producto ilícito llega allí con la connivencia del gobierno. “Hemos visto la participación del Estado en la salida de narcovuelos, que están saliendo sin ser molestados”.
Esta ruta de la cocaína “es posible por el flujo que sale desde Colombia hacia Venezuela; y que cruza la frontera sin problema”, agregó.
El estudio asegura que la economía ilegal más allá del narcotráfico; tiene una amplia presencia en el país y en la zona fronteriza a raíz del contrabando de gasolina; del que se nutren muchos grupos ilegales colombianos, y por la expansión del mercado negro de productos básicos.
Saquean las arcas del Estado
McDermott agregó que otra característica de Venezuela es la cleptocracia, ya que un negocio más lucrativo que el narcotráfico ha sido robar de una manera sistemática las arcas del Estado.
“Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite bolivariana. Una investigación llevada a cabo por la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional calcula que la cifra llega a 70 millardos de dólares. El ex ministro Héctor Navarro ha afirmado que la cifra se acerca más bien a los 300 millardos de dólares”, subraya el informe.
El estudio afirma que esos métodos de criminalidad no se observan en los migrantes que dejan Venezuela de manera masiva.
Exportación de la criminalidad
La fundación InSight Crime señala que aunque no hay una definición universalmente aceptada para lo que constituye un Estado mafioso, se fundamenta en siete argumentos para calificar a Venezuela como centro regional del crimen:
- 1 Penetración del crimen organizado en altos niveles de las instituciones del Estado.
- 2 Evidencia de cleptocracia.
- 3 Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales.
- 4 Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano.
- 5 Altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales.
- 6 Exportación de la criminalidad.
- 7 Acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal.
“Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso”, recalcó el estudio.
ACN/agencias/diarios
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En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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