Internacional
Hipótesis y acciones que han surgido tras secuestro de militar retirado venezolano

Como un presunto secuestro se conoció -en primera instancia- el hecho que afecta a Ronald Ojeda Moreno (32), militar retirado del Ejército venezolano que se encontraba en Chile en calidad de refugiado político, desde diciembre del año pasado. Horas después, el gobierno chileno lo confirmó como tal.
«Lo primero que quiero informar es que efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo es de conocimiento público, en la comuna de Independencia», dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Hipótesis del secuestro de venezolano en Chile
Entre que se conoció el hecho y fue ratificada la información, surgieron diversas hipótesis del secuestro de venezolano en Chile. Disidentes y opositores venezolanos, por ejemplo, apuntaron directamente al régimen de Nicolás Maduro y a su cuerpo de Inteligencia de estar detrás del secuestro.
Iván Simonovis, investigador criminal y expreso político venezolano, fue el primero en denunciar la desaparición de Ojeda Moreno y señaló a través de su cuenta de X que «en una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) se hicieron pasar por funcionarios de Inmigración de Chile y secuestraron al Tte. Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero».
A él se sumó Emanuel Figueroa, activista y también opositor a Maduro. «Régimen tiránico secuestra al Tte. Ronald Ojeda Moreno en su residencia en Chile. Se presume que cuerpos de Dgcim se hicieron pasar por inmigración para llevárselo de su residencia. Ya no solo secuestran inocentes en Venezuela, también en el exterior», señaló en redes sociales.
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En la misma línea se manifestó Tamara Suju, activista y abogada defensora de los derechos humanos. «En la madrugada de hoy fue secuestrado el Tte. Ronald Ojeda Moreno en su residencia en Chile, por un comando armado disfrazado de policía de inmigración cuya verdadera identidad se presume es al Dgcim en Venezuela», afirmó.
Tras lo anterior, Monsalve aseguró que el gobierno se hace cargo de todas las hipótesis posibles sobre el secuestro de Venezolano en Chile y «en ese contexto durante la mañana (del 21 de febrero) el gobierno ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros como a la PDI. También se ha solicitado levantar una alerta de Interpol, cuestión que ya se ha hecho, y en tercer lugar se ha pedido a través del Ministerio de Defensa reforzar los controles en las fronteras, en este caso a la Policía Marítima en los puertos, la DGAC en los aeropuertos y a los jefes de áreas fronterizas a partir del despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte», puntualizó.
Refugiado político
Luego de ello también surgieron distintas voces. El senador y titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, Francisco Chahuán (RN), reconoció en conversación con Tele13 Radio que bajo la condición de refugiado político, deberían adoptarse resguardos sobre la persona: «Por lo menos alguna supervisión sí, a mi juicio, porque era entendido que era un tipo en una condición de refugiado. A lo menos monitoreo de esa condición».
Quien también se refirió fue el exministro de Defensa, Mario Desbordes. En diálogo con Radio Pauta calificó la situación como «confusa» e indicó que «a la comunidad venezolana le está empezando a pasar seguido, porque el delito que más ha aumentado es el de secuestro extorsivo».
«He leído harta declaración y harto comentario, pero poniendo la pelota al piso, si fuera así, que el régimen de Maduro tiene algo que ver, es muy grave y habría que tomar medidas severas con la relación que tenemos con Maduro», remarcó.
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Piden seguridad
El gobierno -que mantuvo algunas reuniones en la semana con diversas autoridades a fin de evaluar los antecedentes y actualizar las medidas de apoyo para la labor investigativa de la Fiscalía- informó, por su parte, que no se ha puesto en contacto con el régimen de Maduro. Ahora bien, el subsecretario Monsalve expuso que la administración del presidente Gabriel Boric, «como en otros casos, delitos graves, como ustedes saben en materia de homicidios, también en materia de secuestros, ha decidido querellarse».
Por otro lado, está la solicitud del partido de la exdiputada María Corina Machado en Chile. En concreto, la representación en Chile de Vente Venezuela hizo un llamado a las autoridades nacionales a «garantizar la seguridad» de los venezolanos en el país, luego del secuestro del militar retirado.
«Hacemos un llamado al gobierno de Chile a garantizar la seguridad de los compatriotas venezolanos en estatus migratorio de refugiados y asilados en Chile, ante la preocupación de sus familiares por recientes hechos», afirmó la colectividad en un comunicado.
Agregó que «al mismo tiempo repudiamos la violencia y persecución política a la comunidad venezolana venga de donde venga» y «exhortamos al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General y a los cuerpos de seguridad del Estado chileno a dar celeridad en las investigaciones para transparentar dicho caso, y dar con el paradero del exoficial».
Quien también abordó la situación y generó cuestionamientos de parlamentarios chilenos, fue el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que descartó el jueves la teoría de que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás del secuestro.
En su programa Con el mazo dando, Cabello ironizó con esa hipótesis y cuestionó al detective criminalista Iván Simonovis: «Por ahí anda una versión que descubrió Simonovis (…) Él dice que, escuchen estas historias, que un comando de la Dgcim fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró», acotó.
Con información de ACN/el nacional
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Internacional
Trump prometió «cambios» en política migratoria tras reconocer que afectó la economía

En un giro inesperado, el presidente de EE.UU; Donald Trump, admitió este jueves, 12 de junio, que su estricta política migratoria ha tenido consecuencias negativas para sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura, hotelería y el ocio.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump reconoció que su enfoque agresivo ha privado a las empresas de trabajadores experimentados, dificultando la continuidad de sus operaciones.
Ante esta situación, el mandatario prometió implementar modificaciones para revertir la escasez de mano de obra, aunque sin detallar las medidas específicas que tomará.
“En muchos casos, los criminales permitidos en nuestro país por la muy estúpida política de fronteras abiertas de (Joe) Biden están solicitando esos puestos de trabajo”. Lo que “no es bueno”, agregó el presidente, quien adelantó así que “¡se avecinan cambios!”.
El reconocimiento de Trump llega en un momento, en el que los empresarios han expresado su preocupación por la falta de trabajadores en sectores que dependen en gran medida de la mano de obra migrante.
850.000 trabajadores agrícolas en EE.UU. son indocumentados
Según el Departamento de Agricultura, casi la mitad de los más de 850.000 trabajadores agrícolas en EEUU son indocumentados y contribuyeron con 89.900 millones de dólares en impuestos durante 2023.
Sin embargo, las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han generado temor entre los empleados, llevando a muchos a abandonar sus puestos de trabajo o esconderse para evitar la deportación.
Las redadas y operativos del ICE han aumentado significativamente en los últimos meses, con un promedio de 2.000 detenciones diarias y operativos en lugares como plantas cárnicas y campos de cultivo. De hecho, el objetivo de la administración Trump es arrestar a 3.000 migrantes en situación irregular por día.
La intensificación de estas medidas ha provocado protestas en varias ciudades, especialmente en Los Ángeles, donde Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y la propiedad gubernamental.
Con información de: CD/LAL
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