La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunció este jueves sobre los hechos registrado en El Junquito calificándolo como una «horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares».

En la CEV afirmaron que existen una serie de evidencias que necesitan ser investigadas tanto a los familiares como a toda la comunidad venezolana. «Entre ellas la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento, la utilización de grupos civiles armados».

A continuación el comunicado:

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, instancia eclesial que tiene como norte, velar por la vigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos en Venezuela ha visto con preocupación y dolor los últimos hechos acontecidos en el país.

Esta Comisión con base al mandato del Evangelio, del Magisterio de la Iglesia y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denuncia. La horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares, el 15 de enero de 2018, en la que perdieron la vida un grupo de personas en la búsqueda de Oscar Pérez. Este acto nos pone ante la degradación e irrespeto de la dignidad y los derechos humanos atinentes a cualquier persona. Existen una serie de evidencias que requieren ser investigadas y explicadas razonablemente a los familiares y a toda la comunidad venezolana. Entre ellas la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento, la utilización de grupos civiles armados. El audio y el video difundido por las redes sociales generan perplejidad que requieren ser aclaradas.

Ante estos hechos Exigimos:
Al Estado que los hechos violatorios a los Derechos Humanos sean investigados con la mayor prontitud y objetividad con el concurso de todas las instancias públicas competentes, recordándole que los Derechos Humanos son obligación inexcusable e intransferible de los gobiernos, que no pueden estar subordinados a los hechos punibles que se persiguen.

A la Fiscalía General que vele por la entrega a los familiares los cuerpos de los fallecidos, evitando la cremación, sin autorización de estos, para determinar la causa de la muerte, recordando que según la ley, ningún fallecido en circunstancias violentas puede ser cremado, menos aun cuando se trate de un homicidio porque en un futuro podrá ser exhumado.

A los Tribunales que garanticen las evidencias del operativo para llegar a conocer la verdad.

A los Poderes Públicos que recuerden el deber que tienen de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, autónoma e independiente que se sustente en la independencia de cada una de las instancias que lo conforman y que constituyen la esencia misma del Estado de Derecho.
A los Ciudadanos, a no acostumbrarse, ante la multiplicación de los casos de muertes no aclaradas ni investigadas, a la barbarie… La verdad, la justicia, la solidaridad, la libre expresión y la misericordia postulan un comportamiento y una conducta que no nos lleve a vivir en impunidad.

Por último, invitamos a todos los creyentes en Cristo, para que en el marco de la reciente celebración de la Divina Pastora, intensifiquemos nuestra oración al Señor de la vida por las víctimas, por los familiares y por Venezuela a fin que nos conceda a todos los venezolanos la sabiduría necesaria para encontrar caminos de Justicia, de verdad y de paz.

Es Justicia, a los 18 días del mes de enero de 2018.

Mons. Roberto Luckert
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz

Pbro. Saúl Ron Braasch
Vicario General de Justicia y Paz

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ACN / CEV.