Carabobo
Asociación de Empleados de UC solicita mejorar protección social

Asociación de Empleados de UC solicita a la Rectora mejorar protección social. Asimismo, pide emular el sistema del fondo de pensiones y jubilaciones del personal docente.
Ampliar el objeto social del fondo de pensiones y jubilaciones del personal administrativo de la Universidad de Carabobo para contribuir con su protección social, solicitó la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo (AEUC), ante la Rectora de esa casa de estudios.
Pedro Ulacio, presidente de la instancia sindical, manifestó ante la autoridad universitaria el gran interés que tienen los empleados ucistas en ser favorecidos a través de un proceso similar al implementado en el fondo de pensiones y jubilaciones de los profesores con Fopediuc, mediante la creación de una fundación con un objeto de acción ampliado.
“Con base en ese proceso, deberíamos acometer la modificación de los estatutos de nuestra fundación. Tratar de que el objeto de la misma se adapte al artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sirva para establecer procesos que soporten la salud de la comunidad universitaria; en este caso, de los empleados, con posibilidad de asistir al sector obrero”.
Según informó Pedro Ulacio, esta iniciativa surge ante la situación de gravedad que existe en general para la comunidad universitaria. La Asociación de Empleados de UC solicita mejorar protección social.
Sistema de salud no da la talla
Particularmente en cuanto a los servicios de salud para el personal, situación que se deriva del hecho de que el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu) no ha dado la talla; ya que desde el año 2017 la Opsu prohibió la asignación presupuestaria para pólizas de seguro para toda la comunidad universitaria. Desde ese momento ha sido desfavorecida la protección social del trabajador universitario”.
Agregó que recientemente “se ha producido un proceso interesante, digno de repetir, como lo es el plan de salud implementado por los profesores universitarios a través de su caja de ahorros, Ipapedi, con posterior respaldo en calidad de extensión por la Fundación Fopediuc.
De esta manera el sector docente ha sido el menos perjudicado gracias a las estrategias pertinentes tomadas en su momento, que han permitido un proceso importante de protección”.
Expresó el presidente de la AEUC que los empleados podrían considerar aumentar el aporte que realizan a su respectivo fondo; el cual es actualmente de 1%, en la medida en que se logren sucesivos aumentos de salario para este sector; hasta alcanzar el 3% de aporte para equipararse a los docentes y así estar en mejores condiciones de buscar la ampliación de los procesos de seguridad social.
Pedro Ulacio pide constituir su propio fondo
Otro detalle planteado por Pedro Ulacio fue que, si bien es cierto que los obreros no cuentan con este proceso, “podríamos invitarlos a constituir su propio fondo o bien fusionarlo con el de los empleados; según las recomendaciones de los abogados expertos en esta área que se puedan consultar”.
Saludó esta iniciativa de los docentes como positiva, y dado que está en pleno desarrollo y puede satisfacer los requerimientos de un sector de la universidad; pidió realizar las acciones conducentes lo más pronto posible a fin de homogeneizar estos procesos, aparte de soportar las estructuras internas de la universidad.
Adicionalmente, Pedro Ulacio planteó la realización de alianzas estratégicas entre la Unidad de Atención Médica Integral de la UC (Uami) con la infraestructura propiedad del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados de la UC ubicada en la Avenida Bolívar, la cual está habilitada para prestación de servicio de salud.
Indicó que “estas instalaciones están disponibles para colocarlas al servicio de la comunidad. Inclusive, existe el recurso humano correspondiente proveniente de otras instancias de la universidad que han quedado disponibles y que, estratégicamente, se puede prestar una atención primaria inmediata en determinadas áreas de salud”.
Al momento de recibir estas peticiones por escrito en la reunión sostenida, la rectora Jessy Divo prometió estudiar y atender estas solicitudes lo más pronto posible.
ACN/Boletín de prensa Universidad de Carabobo
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Carabobo
Carlos Pimentel consignó ante TSJ rechazo a sentencia que disolvió directiva del Colegio de Abogados

Este martes Carlos Pimentel Rauseo, acompañado de miembros de la junta directiva del movimiento Reencuentro Gremial, consignó ante la sala electoral del TSJ un escrito de oposición a la sentencia 124 de esa sala, con la cual en forma abrupta el pasado 22 de noviembre fue disuelta la directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo.
Los juristas presentaron ante el máximo tribunal del país, su oposición a la decisión que muchos han considerado un total atropello, ya que se ordenó la suspensión de efectos de todas las fases del proceso electoral desarrollados en el Colegio de Abogados del estado Carabobo, incluido el evento electoral realizado el 3 de febrero de 2023.
“Con esa sentencia se demostró contundentemente que los magistrados de la Sala Electoral fueron sorprendidos en su buena fe en virtud a que existía decaimiento por abandono del trámite en más de 7 meses y 29 días de la acción”.
“Aunado a esto, el escrito está plagado de errores jurídicos, como el de que las medidas cautelares solicitadas eran improcedentes”, indicó Pimentel.
Carlos Pimentel consignó ante TSJ rechazo a sentencia que disolvió directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo
Explicó que otro detalle que indica que la sentencia debe ser revocada, es que maliciosamente el abogado Lattuf –vicepresidente de la junta electa y ahora de la junta ad hoc-, pretendió darse por notificado en nombre de Carlos Pimentel y demás miembros de la junta y tuvo acceso al expediente sin el conocimiento de los demás involucrados.
El documento consignado este martes por Pimentel y demás directivos ante el TSJ, rechaza el argumento principal de los solicitantes, de falta de información oportuna y veraz sobre el proceso eleccionario, lo cual no fue cierto, pues fue tal la información emitida por la Comisión Electoral, que se inscribieron un total de 8 planchas y se postularon 144 candidatos para los distintos cargos, además de la participación de más de 4.300 abogados.
Para finalizar, el líder gremial manifestó su firme esperanza que se hará justica, y se declarará la rectificación de esta sentencia, pues “de no corregir la Sala este gris acontecimiento, sería un mal precedente contra los gremios profesionales del país y el derecho constitucional de asociación, violentando el legítimo derecho a la defensa y los más elementales postulados del derecho”, concluyó.
Con información de nota de prensa
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