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Reactivan una hidroeléctrica para incorporar 120 megavatios al suroeste del país (+ video)

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Reactivan hidroeléctrica de 120 megavatios al suroeste del país - Agencia Carabobeña de Noticias
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Reactivan hidroeléctrica de 120 megavatios al suroeste del país, informó el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, de un complejo en el estado Barinas, para esta región, Apure y los estados andinos de Mérida, Táchira y Trujillo.

“La fuerza trabajadora de Corpoelec (Corporación Eléctrica) reactivó el Complejo Hidroeléctrico General José Antonio Páez, con dos turbinas, las cuales aportarán 120 megavatios para el sur occidente del país, que comprende los estados andinos, Barinas y Alto Apure”, señaló Reverol en la red social X.

El ministro añadió, en una publicación en Instagram, que la reactivación del complejo se dio después de 60 días en los que se despejaron más de un millón de metros cúbicos de sedimentos del embalse.

A través de las redes sociales, los venezolanos reportan a diario cortes eléctricos que se pueden prolongar por horas, mientras desestiman versiones oficiales, según las cuales se trata de sabotajes al sistema eléctrico, manejado íntegramente por el Estado.

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Reactivan hidroeléctrica de 120 megavatios al suroeste del país

Según estimaciones extraoficiales, el país registra cerca de 200 cortes eléctricos por día, algunos muy breves, una situación que se ve reflejada en los perfiles de Corpoelec en las redes sociales, donde los venezolanos denuncian constantemente los apagones y piden a las autoridades soluciones expeditas.

Solo en 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 416 protestas por fallas de electricidad en todos los estados y en Caracas, donde los cortes son menos frecuentes, una situación de “emergencia” que la organización no gubernamental Provea pide “no seguir normalizando”.

En su informe anual, publicado en febrero, el OVCS remarcó que los reclamos por la intermitencia de la energía son recurrentes, y que “vecinos, comerciantes y servidores públicos” denuncian a diario la “interrupción de sus actividades y el deterioro de equipos electrodomésticos”.

ACN/MAS/EFE

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Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias
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El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.

“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.

En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.

González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias

El Informe Anual de Provea

Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).

Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.

“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.

Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.

ACN/MAS/EFE

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