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Gigantesco saqueo petroenergético en Venezuela

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Gigantesco saqueo - acn
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Por lo menos 176 millones en sobornos pagaron empresas chinas; para lograr contratos en Venezuela.

Directivos próximos a Hugo Chávez y ejecutivos de PDVSA ocultaron su botín en Andorra; según investigaciones de la justicia de esa isla.

Un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros), sellado en 2010 entre Venezuela y China; devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores; cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA); banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades; de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.

El expresidente de Venezuela Hugo Chávez con su entonces homólogo chino, Hu Jintao, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, en abril de 2009.

Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.

Y es que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo del país sudamericano entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía pública del país. Y la jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Para ocultar sus beneficios, Tenorio creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la BPA de Andorra.

El secretario de la embajada en Pekín ayudó a Salazar en la trama; quién fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas.

El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía, especialmente de PDVSA y Corpoelec, en el marco de la ola de obras que se ofrecían en el Gran Volumen.

El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorance. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría un 10 por ciento neto del volumen de negocio de Camc Engineering. “Se trata de un contrato de resultados totalmente anormal en el sector de la consultoría, donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de informes ni la asistencia, sino resultar adjudicatario”, señala un reciente auto de la juez andorrana.

Tras la firma del acuerdo, la empresa china comenzó a recibir adjudicaciones. La primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Vigía que sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Y la cuenta andorrana de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer pago de 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución del proyecto de construcción de la planta termoeléctrica El Vigía”.

Desde cuentas en la BPA de Andorra se pagaron sobornos a funcionarios de PDVSA

Por cada obra adjudicaba, llegaba a la cuenta andorrana un nuevo pago. Un millón de dólares (882.591 euros) por el proyecto del delta del Orinoco; 400.000 dólares (353.072 euros) por el del río Guarico; 600.000 (529.610 euros) y un millón de dólares (882.591 euros) por el del rio Orinoco; tres millones (2,6 euros) por los proyectos de Fábrica, Tiznado, Piritu Becerrra, Delta Orinoco y Guarico. Entre 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró. Y sumó 106 millones de dólares (93,5 de euros).

Al tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras millonarias, desde las mismas comenzó el riego de sobornos a altos funcionarios venezolanos. Todo, ante los ojos de los directivos de la BPA. Los ejecutivos del banco andorrano no se hicieron preguntas sobre la suculenta actividad del empresario venezolano al que ayudaron a constituir su red de sociedades panameñas.

El negocio del Gran Volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se llevó la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con un pago de 55 millones de dólares (48,5 de euros). Rodríguez percibió 9,5 millones dólares (8,3 de euros). El dinero fue a parar a la cuenta andorrana de la sociedad holandesa Investments and Consulting.

La firma Sinohydro Corp. Ltd selló con PDVSA la construcción por 315 millones de la central de La Cabrera. Cinco días antes, la sociedad panameña de Salazar había firmado un contrato con Francisco Jiménez Villaroel, gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas asiáticas a entrar en el mercado venezolano. La juez resalta que Jiménez carecía entonces de ninguna estructura para prestar esos supuestos servicios. La empresa china no tardó en transferir 50 millones de dólares (44,1 de euros) a la cuenta de Salazar y Eudomario Carruyo, entonces director financiero de PDVSA, recibió en su cuenta de la BPA 7 millones de dólares (6,1 millones de euros).

El caudal de pagos millonarios del Gran Volumen no se detuvo. Nuevas comisiones por La Cabrera, por el proyecto Agrícola Integral Pajuey y Santo Domingo Llano Alto. Y nuevas empresas chinas que colmaron de millones las cuentas andorranas de Salazar y sus colaboradores. Como la firma de fabricación de autobuses Yutong Hongkong Ltd., que le transfirió 11 millones de dólares (9,7 de euros); la petrolera Shandong Kerui Petroleum, que le envíó 17 millones (15 de euros).

Salazar declaró en 2015 en Andorra ante la juez que ahora ha descubierto sus secretos más ocultos. Afirmó que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder de decidir que empresas hacían los proyectos”. Sus argumentos no impidieron que fuera procesado el pasado septiembre junto a otras 27 personas acusadas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona del país latinoamericano. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos, y Javier Alvarado, exviceministros de Energía de Hugo Chávez.

ACN/El Pais

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Economía

Fedecámaras: Ley de Pensiones debe ser acompañada por incentivos para sector empresarial

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Fedecámaras: Ley de Pensiones - Agencia Carabobeña de Noticia - Agencia ACN - Noticias economía
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Fedecámaras, publicó este martes 20 de mayo un comunicado a cerca de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista, así como de su respectivo reglamento.

La asociación indicó que “entendemos la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, con un ingreso que les permita solventar sus requerimientos básicos, ante lo cual reiteramos que este instrumento legal debe ser acompañado por una serie de incentivos para el sector empresarial”.

De cierta manera, la aprobación de la alícuota de 9% (en lugar de 15%) sobre el ingreso mínimo integral (tomando US$ 130 como base) de cada empleado de las empresas del sector privado, hará posible la mejora en los ingresos de los trabajadores jubilados en este país, de acuerdo con lo señalado por representantes del gobierno nacional.

Se debe seguir insistiendo en las consideraciones de carácter económico y legal que inciden y afectan la operatividad del sector privado nacional, las cuales fueron presentadas en su oportunidad ante las respectivas autoridades del Ejecutivo nacional, y que solicitamos sean reconsideradas:

Establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a 3 veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo nacional.

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Debe contemplarse la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional, así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores. Sectores como salud y educación, por ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones.

Reiteramos nuestra preocupación, por cuanto la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses. Las posibilidades financieras del sector privado son finitas.

Fedecámaras: Ley de Pensiones

Como consecuencia se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal, señala el comunicado de Fedecámaras sobre la Ley de Pensiones.

Ante ello planteamos, además de la reconsideración de los aspectos que ya indicamos con anterioridad, que sea aprovechada la oportunidad para evaluar, entre otros aspectos, solicitudes anteriores como:

  •  Eliminación del aporte del IGTF
  •  Que los contribuyentes especiales vuelvan a enterar el IVA con periodicidad mensual
  • Revisión y adecuación del modelo de remuneración de los trabajadores
  • Promoción de una reforma, integral y de fondo, del sistema de seguridad social en Venezuela, así como en la revisión y adecuación de la legislación laboral vigente.

En resumen, algunos aspectos claves de las discusiones deben enfocarse en el análisis de una serie de reformas para promover una política fiscal racional para las empresas, con la finalidad de incentivar la reinversión, el crecimiento y el empleo.

El sector privado siempre ha estado comprometido en armonizar a través de un diálogo social más profundo y equilibrado que funcione para todos los actores involucrados. Y es por ello que hemos estado comprometidos en discutir y promover acciones que vayan en beneficio de los trabajadores y su entorno.

Los empresarios hemos demostrado que seguimos contribuyendo con el bienestar y mejoras en la calidad de vida de la población, por lo que nuevamente solicitamos sean tomadas en consideración las propuestas antes indicadas, con lo cual continuaremos avanzando en el diseño de políticas que incentiven la inversión en el país, así como la recuperación de la rentabilidad de las empresas, lo que redundará en importantes beneficios para los trabajadores venezolanos.

Con información de ACN/ Nota de prensa

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