Internacional
Multitudinarias marchas en defensa de la universidad pública en Argentina (+ videos)

Argentina protesta en defensa de la universidad pública. Miles de estudiantes universitarios llenaban las calles del país este martes 23 de abril para repudiar el recorte de fondos, que se declaró en estado de emergencia presupuestaria en el marco de la política de ajuste del presidente Javier Milei.
En las principales ciudades del país, estudiantes, egresados y docentes de las 57 universidades nacionales de gestión estatal llamaron a marchar «en defensa de la educación universitaria pública y gratuita».
Las manifestaciones se dieron en Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca y Chubut y Buenos Aires.
Entre 100.000 personas, según la policía, y medio millón, según la Universidad de Buenos Aires (UBA), se congregaron en la capital argentina. Mientras otras decenas de miles protestaron en ciudades del interior.
Centrales obreras y partidos opositores se adhirieron a la convocatoria y los profesores universitarios acompañaron con una huelga.
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Argentina protesta en defensa de la universidad pública
En la capital argentina, nutridas columnas se agruparon en torno a las sedes de las 13 facultades de la Univesidad de Buenos Aires (UBA) para marchar por la tarde hacia la Plaza de Mayo.
Los manifestantes llevaban libros en señal de protesta y carteles con viñetas de la emblemática tira cómica «Mafalda».

Foto: @GabrielCastroOK
Uno de ellos, Pablo Vicenti, de 22 años y en tercer año de Medicina en la UBA, se dijo indignado por «el ataque brutal del gobierno» a la universidad pública. «Quieren desfinanciarla con un cuento falso de que no hay plata. Sí tienen, pero eligen no gastarla en la educación pública», declaró a la AFP.
En la ciudad de Córdoba, centro del país y sede de la prestigiosa universidad homónina, decenas de miles de estudiantes colmaron las calles también llevando en alto libros.
Las universidades se declararon en emergencia presupuestaria luego de que el gobierno resolvió prorrogar para este año el mismo presupuesto que recibieron en 2023. No obstante la inflación interanual que en marzo rozó el 290%.
El anuncio de Milei
«No esperen la salida de la mano del gasto público», advirtió Milei el lunes al anunciar en cadena nacional que las cuentas públicas registraron superávit en el primer trimestre. Aunque al precio de miles de despidos y el desplome de la actividad económica y del consumo.
La semana pasada, y al calor de las protestas universitarias, Milei concedió «aumentar en 70 % las partidas de gastos de funcionamiento en marzo y otro 70 % en mayo». Además de una suma extraordinaria para hospitales universitarios, con lo cual el gobierno considera que la discusión «está saldada». Dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Los gastos de funcionamiento excluyen los salarios docentes, que representan el 90 % del presupuesto universitario.
Categorías docentes en la pobreza
»De las cuatro categorías docentes, tres han caído bajo la línea de pobreza», afirmó el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, al dar cuenta de una escala salarial docente cuyo piso es de 100.000 pesos mensuales (112 dólares).
Además, las tarifas de energía treparon un 500 % este mes poniendo a las universidades al borde de la parálisis, dijeron autoridades.
«Al ritmo al que nos están dando dinero, solo podremos funcionar entre dos y tres meses». Aseguró el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi.
Para Rubén Arena, docente y graduado de la facultad de Ciencias Económicas, la protesta busca «defender el futuro de Argentina y muchas generaciones que van a poder acceder a una educación de excelencia».
El recorte de gastos es necesario, dijo el manifestante de 48 años. «Pero no como se está ajustando en las universidades, que permiten un movimiento social ascendente».
Puso en duda transparencia
Milei puso en duda la transparencia del uso de los fondos y la calidad de la enseñanza al sugerir que las universidades públicas «se usan para hacer negocios turbios y adoctrinar». Según escribió en la red X el fin de semana.
«No podemos poner en sospecha 200 años de historia. Aún con muy bajo presupuesto la UBA está entre las tres mejores de América Latina». Señaló al respecto el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Luis Brusco.
Unos 2,2 millones estudian en sistema público
Unos 2,2 millones de personas estudian en el sistema universitario público, elegido por el 80 % de los estudiantes frente a las instituciones privadas. En un país con casi la mitad de su población de 47 millones de personas en la pobreza.
El sistema estatal de enseñanza superior goza de gran prestigio académico y fue cuna de los cinco premios Nobel de Argentina -tres de ellos en ciencias duras-, además de desarrollos científicos y tecnológicos reconocidos a nivel mundial.
La semana pasada varios edificios dependientes de la UBA tuvieron que racionar el uso de elevadores, apagar luces en espacios comunes, limitar los horarios de bibliotecas, reducir el uso de agua caliente y limitar programas de extensión universitaria, como parte de las medidas de emergencia.
https://youtu.be/RRxM6SaHfzk
ACN/MAS/AFP
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Internacional
Denuncian torturas a migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

Los 252 migrantes venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump y detenidos desde hace dos meses en El Salvador son víctimas de torturas físicas y morales, denunciaron este viernes sus abogados defensores, contratados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde el 16 de marzo, los migrantes están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para pandilleros, sin acceso a visitas, sin proceso judicial y sin confirmación oficial de su identidad o estado de salud.
“Los están tratando como vulgares delincuentes. Los han rapado, encadenado y disfrazado. Eso es tortura”, declaró el abogado Salvador Ríos en entrevista con la AFP.
Recurso presentado por abogados de los migrantes sin respuesta
El bufete Grupo Ortega, que representa a los migrantes, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador el 24 de marzo para exigir su liberación. La solicitud, que incluye a 30 casos específicos y se extiende al resto, no ha recibido respuesta hasta ahora.
Además, los abogados entregaron una carta formal al presidente Bukele pidiendo autorización para entrevistarse con los detenidos —presencial o virtualmente— y obtener una “prueba de vida”. Tampoco hubo respuesta del Ejecutivo.
“Ha sido como luchar contra molinos de viento”, expresó Ríos. “No hay proceso, no hay contacto, no hay nombres. Es detención ilegal”, agregó Isael Guerrero, otro de los abogados del caso.
Deportados como enemigos extranjeros
Los migrantes venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma usada en contextos bélicos, y vinculados sin pruebas por el expresidente Trump con el Tren de Aragua, una organización criminal.
Sin embargo, ni uno solo de los detenidos tiene procesos judiciales activos en EE UU, y según el bufete defensor contratado por Maduro, todos son migrantes sin antecedentes penales.
“Trump los deportó sin debido proceso y Bukele los encarceló sin juicio”, sintetizó el abogado Jaime Ortega, jefe del equipo legal. El gobierno de Maduro calificó de cínica la propuesta del presidente Bukele de canjear a los 252 migrantes por presos políticos venezolanos, realizada en abril.
El caso también despertó alarma internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó “serias preocupaciones respecto a los derechos fundamentales” en juego tanto en EE.UU. como en El Salvador.
“Las familias sienten impotencia al ver cómo sus seres queridos han sido etiquetados como delincuentes o terroristas, sin proceso ni defensa”, señaló el organismo.
Casos de deportación errónea
Entre los detenidos hay errores reconocidos por el propio gobierno estadounidense. Uno de ellos, Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño con protección contra la deportación, fue enviado a la Cecot por equivocación. Otro, un venezolano identificado como Cristian, fue igualmente deportado pese a estar en situación regular. Ambos casos fueron apelados por jueces estadounidenses, sin lograr el retorno de los afectados.
Con información de: EC/EN
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