Internacional
Factura mensual de pensiones cae por coronavirus

En España la factura mensual de pensiones cae por el coronavirus
El número de prestaciones baja durante tres meses consecutivos, un hecho sin precedentes en la serie que arranca en 2005, registraron medios de comunicación de España, situación que ha creado alarma en el resto de la comunidad económica europea y en todo el mundo. “Cuando veas las bardas de tu vecinos arder, pon las tuyas en remojo”.
Gráfica: Una pareja de pensionistas pasea por una calle de Madrid.JAIME VILLANUEVA
El coronavirus y el estado de alarma, con el cierre de oficinas de la Seguridad Social, ha provocado una caída del número de pensiones contributivas. El primer motivo se entiende fácil: la covid-19 se ceba con los más mayores. El segundo ha traído menos solicitudes y, por tanto, menos altas de jubilación. La combinación de ambas causas explica, argumenta el Ministerio de Seguridad Social, que en mayo se hayan pagado 9.754.137 pensiones contributivas, 38.508 menos que el mes anterior.
Reducciones sin producción
La reducción en el número de pensiones ha conllevado una rebaja en el gasto mensual acumulado. Y esto último es todavía más excepcional. No hay precedentes de una rebaja en la nómina mensual de pensiones contributivas en esa serie. En mayo se han pagado 9.851 millones, un 0,27% menos que en abril.
Es el tercer mes consecutivo en que baja el número de pensiones. No obstante, la caída de mayo supera de largo la acumulada en los dos meses precedentes, la triplica. Es la primera vez en la serie que comienza en 2005 que se produce un retroceso de pensiones durante tres meses consecutivos, según los datos de la Seguridad Social.
No es habitual que se produzcan una reducción en el número de pensiones, aunque hay precedentes. En los meses de invierno, normalmente coincidiendo con las epidemias de gripe y la mortalidad que provoca, pueden verse rebajas en las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social. Lo excepcional esta vez es el volumen de la caída, casi 40.000 pensiones en un solo mes. Y eso tiene una explicación que no está ligada solo a la mortalidad de la covid-19.
El cierre de las oficinas públicas
Cuando se decretó el estado de alarma, también se cerraron las oficinas públicas, entre ellas las del Instituto Nacional de Seguridad Social, la entidad que gestiona, paga y ante la que se hacen los trámites para solicitar las pensiones. Este cierre, como aclaraba el mismo decreto que estableció las medidas excepcionales, no implicaba la pérdida de derechos, puesto que suspendió los plazos en los trámites para que eso no sucediera. Lo que sí ha provocado es que en mayo haya menos altas de pensionistas.
En los datos que ha divulgado la Seguridad Social este martes, se aprecia que entre enero y mayo de este año hay 157.896 nuevas pensiones pensiones, lo que supone un 22,1%. En cambio, las bajas, que se deben muy mayoritariamente al fallecimiento del pensionista, han crecido hasta las 205.638, un 17,5% más que el año anterior. Durante esos cinco meses, prácticamente la mitad del tiempo ha estado vigente el estado de alarma. “A raíz de esto, las oficinas de la Seguridad Social dejaron de prestar atención presencial. Los ciudadanos deben presentar las solicitudes de prestaciones y realizar el resto de trámites con el organismo exclusivamente por vía telemática o telefónica. Esto ha motivado que una parte de los ciudadanos opten por retrasar las gestiones con el organismo”, admite la propia Seguridad Social en su comunicado emitido esta martes.
Estas han sido las causas de que se detenga por primera vez el inexorable aumento mensual de la nómina de pensiones. Esta evolución no solo está condicionada por la marcha de las bajas, también por la cuantía de las nuevas prestaciones que suelen ser sensiblemente más alta (unos 1.100 euros) que las de quienes fallecen (900 euros), con lo que el gasto siempre crece. Esta regla no se ha cumplido en mayo por la significativa caída de pensiones.
ACN/El Páis/Manuel V. Gómez
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Internacional
Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.
La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.
“Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.
Reiteró que es inocente
En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.
Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.
El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.
Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.
El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
Anuncia demandas por difamación
Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.
La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.
Con información de: El Nacional
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