Internacional
EEUU apunta a magnate naviero venezolano por acuerdos «punibles» de combustible

EEUU investiga a Wilmer Ruperti, magnate naviero venezolano por violar posiblemente las sanciones al llevar combustible a su país; según dos altos funcionarios estadounidenses.
La investigación se enfoca en un cargamento que Wilmer Ruperti, un excapitán de petrolero que ahora es un adinerado hombre de negocios, envió en abril desde Trinidad y Tobago; dijeron los funcionarios a Reuters.
El empresario de 60 años ha estado cerca del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela desde el gobierno de 1999-2013 de Hugo Chávez; ganando lucrativos contratos con la petrolera estatal PDVSA.
Ruperti ha mantenido esa relación bajo el presidente Nicolás Maduro, incluso cuando Washington trata de poner fin a su control del poder; según personas familiarizadas con el asunto.
EEUU investiga a Wilmer Ruperti
Ruperti es más conocido en Venezuela por haber fletado barcos en 2002-2003 para importar gasolina y ayudar a romper una huelga en PDVSA; ganando una medalla de un agradecido Chávez.
El tanquero que transportaba el envío de alrededor de 150.000 barriles en abril había señalado a Aruba como su destino; pero dejó de transmitir su ubicación antes de descargar en la refinería El Palito, en el estado Caraobo; según datos de Refinitiv Eikon y personas con conocimiento del asunto.
El enviado del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliott Abrams, dijo que el Departamento del Tesoro, que supervisa la política de sanciones; determinará el curso de la investigación.
“Creo que las personas que hacen cumplir las sanciones estadounidenses están observando sus actividades”; dijo en una entrevista el 29 de mayo.

Wilmer Ruperti.
Empresario reconoció envío
“Ruperti ha reconocido lo que está haciendo”, agregó Abrams, sin dar más detalles.
El empresario dijo en una entrevista en abril con Associated Press que había enviado ese mes a Venezuela un cargamento de gasolina de 300.000 barriles y tenía la intención de enviar un millón de barriles más.
Fue citado describiendo la operación como un “trabajo humanitario” y que sus abogados habían informado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo; sin recibir ninguna objeción.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que hay excepciones para bienes humanitarios como alimentos, medicamentos e, incluso en algunos casos, combustible; pero tales envíos requieren autorización explícita de Estados Unidos.
Abrams manifestó que no estaba al tanto de ninguna aprobación de Estados Unidos para las actividades de Ruperti.
No han otorgado ninguna exension
Igualmente, un segundo alto funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato; confirmó que Ruperti estaba siendo investigado y también dijo que no se había otorgado ninguna exención.
El funcionario calificó las transacciones de Ruperti como “definitivamente sancionables”, aunque no proporcionó un cronograma para acciones potenciales: “Siempre vamos a construir el mejor caso posible”.
El Departamento del Tesoro, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) supervisa las sanciones, no confirmó si está investigando a Ruperti.
Pero dijo que recibe muchas consultas cada semana a través de varios canales oficiales sobre si las actividades de individuos o entidades cumplen con las sanciones.
“Quienes presenten tales solicitudes no deberían concluir que su actividad es permisible o no sancionable bajo las autoridades de la OFAC sin recibir una confirmación formal de la OFAC”; dijo un portavoz del Tesoro.
Envío de unos 150 mil barriles
Igualmente, se conoció que el envío de aproximadamente 150.000 barriles, en el centro de la investigación estadounidense; dejó el puerto Pointe-a-Pierre, de Trinidad, a bordo del petrolero Aldan, de bandera de Liberia, el 20 de abril, señalando a Aruba como su destino, según datos de Eikon.
No obstante, el 22 de abril dejó de transmitir su ubicación, mostraron los datos. Según tres fuentes, el barco luego fue a la reiinería de El Palito, para descargar.
Eurotankers Inc, con sede en Grecia y que maneja el Aldan, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ni Ruperti ni su compañía Maroil han confirmado públicamente todos los detalles de la transacción.
Pero una factura de marzo vista por Reuters mostró una solicitud de anticipo de Maroil a PDVSA por 12 millones de euros (13,7 millones de dólares) para el suministro de gasolina. Reuters no pudo confirmar si se completó el pago.
Otra carga de combustible
Después de entregar la gasolina, Maroil también recibió en mayo una carga de combustible de 270.000 barriles de PDVSA en el buque Confidence P; según documentos internos de la compañía.
Eso sugiere que el acuerdo puede haber sido estructurado como un intercambio de la gasolina enviada desde Trinidad por combustible producido en el país.
Las autoridades estadounidenses consideran que tales intercambios son prácticas para evadir las sanciones; dijo el alto funcionario de la administración estadounidense.
ACN/MAS/Reuters
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Internacional
Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.
La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.
“Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.
Reiteró que es inocente
En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.
Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.
El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.
Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.
El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
Anuncia demandas por difamación
Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.
La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.
Con información de: El Nacional
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