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OEA acusa de crímenes de lesa humanidad a 11 funcionarios de gobierno de Venezuela

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OEA acusa de crímenes de lesa humanidad a once (11) funcionarios del gobierno de Venezuela; y concluye que hay base legal para denunciarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Expertos internacionales dijeron haber hallado fundamentos suficientes; para considerar que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluido el mandatario; han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro; aseguró que existe «fundamento razonable» para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. OEA acusa e identifica a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro.

El informe, presentado hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, concluye que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Estos son los once funcionarios que el informe identifica como «autores intelectuales de la represión» y que OEA acusa de crimenes de lesa humanidad:

  1. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Los expertos consideran a Maduro como el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad y aseguran que «ha optado por el autoritarismo como medio para mantenerse en el poder».

Consideran que el «régimen» de Maduro ha usado tácticas cada vez «mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre el país» y que, bajo su Gobierno, que comenzó en abril del 2013, la tortura se ha convertido en un «instrumento de persecución y represión».

  1. Tareck el Aissami, vicepresidente

Desde la Vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, el Aissami controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM) y además dirige el «Comando Antigolpe», que tiene como objetivo prevenir acciones de «sectores golpistas y terroristas».

El informe afirma que tanto el Sebin como la DGCIM «reciben órdenes directas del poder ejecutivo venezolano en lo que se refiere al empleo de la tortura».

  1. Jorge Arreaza, ministro de Exteriores

Arreaza era el yerno del difunto presidente Hugo Chávez y es un convencido defensor del chavismo, que ha ocupado diferentes posiciones, incluida la Vicepresidencia entre el 2013 y el 2016.

El informe no dedica casi espacio a Arreaza y se limita a mencionar su aparición en febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde afirmó que en Venezuela «no hay crisis».

  1. Elías Jaua, ministro de Educación

Elías Jaua, ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, solo aparece mencionado en el informe en relación con un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la respuesta del Gobierno ante la escasez de medicamentos.

  1. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación

Como otros de los nombres que aparecen en el informe, Rodríguez ocupo el cargo de vicepresidente ejecutivo, en su caso entre enero del 2007 y enero del 2008, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.

  1. Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC

Rodríguez, actual presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fue ministra de relaciones exteriores de Venezuela entre el 2014 y el 2017.

Como canciller, según recoge el informe, intervino en junio del 2016 ante una sesión especial del consejo permanente de la OEA y aseguró que en Venezuela «no hay una crisis humanitaria».

Según los expertos, Maduro lleva tres años negando esa crisis y la ha usado para ejercer «control social» sobre la población.

  1. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

Ejerce como ministro de Defensa desde el 2014 y el informe lo cita para recordar la resolución que firmó en el 2015 para permitir el «uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal» como último recurso en las manifestaciones.

Esa resolución fue condenada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  1. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia

Reverol ocupa desde el 2016 el puesto de ministro de Interior y Justicia y anteriormente, desde el 2014, se desempeñó como Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela.

  1. Gustavo González López, director del Sebin

Ejerció como ministro de Interior y Justicia entre el 2015 y el 2016 y luego pasó a dirigir el Sebin, en cuyas instalaciones se han llevado a cabo torturas, según afirma el informe.

  1. Antonio Benavides, ex comandante de la Guardia Nacional

Benavides fue el encargado de dirigir la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio del 2017 en las que fallecieron al menos 120 personas.

  1. Carlos Alfredo Pérez, director de la PNB

Pérez es el actual director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que para los expertos forma parte de los cuerpos del Estado dedicados a aterrorizar a la oposición.

ACN/EFE

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Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»

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Amenaza de Trump a Harvard se debió a un "error"
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Funcionarios del gobierno de EE.UU., creen que la amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error» tras el envío de una carta. La referida misiva que desencadenó un conflicto con la Universidad de Harvard, pudo haber sido enviada por error. Así lo informó  The New York Times (NYT), citando a fuentes con conocimiento de la cuestión.

La Casa Blanca envió la semana pasada un correo electrónico a la prestigiosa institución con una «lista actualizada y ampliada de demandas». Esto en respuesta a una ola de protestas propalestinas que se han desarrollado en los campus universitarios del país. En ella, se advertía a Harvard que se debían cumplir con estas exigencias para mantener el apoyo financiero del Estado.

La comunicación estaba firmada por Sean Keveney, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del grupo de trabajo sobre antisemitismo. No obstante, poco después de su envío un funcionario se comunicó con Harvard. Este le informó a la institución que se trataba de una carta «no autorizada» y que no debía haberse enviado, según dijeron las fuentes al NYT.

Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»: contradicciones internas

Aún no está del todo claro dentro de la Administración por qué se decidió mandar la carta. De acuerdo con las fuentes, un grupo de funcionarios sostiene que se había enviado prematuramente. Mientras que otro afirma que era únicamente para circulación interna.

La institución rechazó las demandas, tachándolas de «excesivas e ilegales». Ante la negativa, el Gobierno retiró la financiación federal a la universidad. Asimismo, anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos federales asignados.

Por su parte, May Mailman, estratega política principal de la Casa Blanca, culpó a la universidad por no revisar el documento antes de hacerlo público. Acusó además a la institución de «emprender una campaña de victimización«.

En tanto, Harvard rechazó esta crítica, afirmando que la carta llevaba firmas federales oficiales. «Fue firmada por tres funcionarios federales, con membrete oficial, desde el buzón de un alto funcionario federal», precisó la institución.

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