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Gobierno incrementa presión con detenciones militares selectivas

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Inicialmente el Gobierno Nacional aprehendía a militares de bajo rango o con poca influencia en sus filas, pero con la detención y privativa de libertad de cuatro oficiales Comandantes de Batallones, evidencia que su estrategia avanzó hacia otro nivel con el que pretende aumentar la intimidación hacia los militares activos descontentos.

La presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional , Rocío San Miguel, envió un comunicado a los medios de comunicación donde confirmó que la noche del 9 de marzo dictaron privativa de libertad a nueve militares, siete de ellos oficiales, cuatro de ese grupo ocupaban el cargo de Comandantes de Batallones del Ejército que de acuerdo con el escrito, son unidades con poder de combate.

Los detenidos de mayor rango están adscritos a estos destacamentos: 312 Grupo de Caballería Motorizado GB Juan Pablo Ayala (Caracas), 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado “GJ Cipriano Castro” (Calabozo, Guárico), 413 Batallón Blindado “GB Pedro León Torres” (Valencia, Carabobo) y 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes (San Cristóbal, Táchira).

Con esta actuación el régimen del presidente Nicolás Maduro pretende garantizar la sumisión de la Fuerza Armada para mantener su dominio. En un principio el Ejecutivo dirigía este tipo de prácticas sin responder a ningún orden específico y solo era contra oficiales con bajo rango o retirados pero ahora sus procedimientos están direciconados hacia funcionarios con mayor impacto o influencia, explican en el documento.

La privativa de libertad contra estos nueve militares alzó nuevamente la voz de Rocío San Miguel, quien exigió no solo que el derecho a la defensa sea garantizado a militares y también a civiles, sino que además exhortó al Gobierno a culminar la persecución contra quienes forman parte de esa institución.

Ana Ramos/ACN/NP

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Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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