Inicialmente el Gobierno Nacional aprehendía a militares de bajo rango o con poca influencia en sus filas, pero con la detención y privativa de libertad de cuatro oficiales Comandantes de Batallones, evidencia que su estrategia avanzó hacia otro nivel con el que pretende aumentar la intimidación hacia los militares activos descontentos.

La presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional , Rocío San Miguel, envió un comunicado a los medios de comunicación donde confirmó que la noche del 9 de marzo dictaron privativa de libertad a nueve militares, siete de ellos oficiales, cuatro de ese grupo ocupaban el cargo de Comandantes de Batallones del Ejército que de acuerdo con el escrito, son unidades con poder de combate.

Los detenidos de mayor rango están adscritos a estos destacamentos: 312 Grupo de Caballería Motorizado GB Juan Pablo Ayala (Caracas), 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado “GJ Cipriano Castro” (Calabozo, Guárico), 413 Batallón Blindado “GB Pedro León Torres” (Valencia, Carabobo) y 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes (San Cristóbal, Táchira).

Con esta actuación el régimen del presidente Nicolás Maduro pretende garantizar la sumisión de la Fuerza Armada para mantener su dominio. En un principio el Ejecutivo dirigía este tipo de prácticas sin responder a ningún orden específico y solo era contra oficiales con bajo rango o retirados pero ahora sus procedimientos están direciconados hacia funcionarios con mayor impacto o influencia, explican en el documento.

La privativa de libertad contra estos nueve militares alzó nuevamente la voz de Rocío San Miguel, quien exigió no solo que el derecho a la defensa sea garantizado a militares y también a civiles, sino que además exhortó al Gobierno a culminar la persecución contra quienes forman parte de esa institución.

Ana Ramos/ACN/NP

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