El Consejo Federal (gobierno) de Suiza promulgó hoy sanciones contra Venezuela y congeló los fondos de siete altos funcionarios, entre ellos el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema.

Suiza justifica las medidas «a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas», informó el ejecutivo en un comunicado.

Las sanciones, que tomarán efecto a las 18.00 hora local helvética, siguen así las impuestas por la Unión Europea, concretamente, el Consejo Federal ha congelado fondos y ha prohibido la entrada en Suiza a siete altos cargos.

Entre ellos destaca Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia «por haber facilitado y apoyado las acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, y es responsable por acciones que han usurpado la autoridad a la Asamblea Nacional».

También ha sido sancionado Tarek William Saab Halabi, fiscal general porque «en su previo rol como Defensor del Pueblo socavó la democracia y la ley y el orden en Venezuela por apoyar acciones contra oponentes del Gobierno y el retiro de competencias a la Asamblea General».

Asimismo, la medida afecta a el vicepresidente primero del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, «envuelto en socavar la democracia y la ley y el orden en Venezuela».

También ha sido sancionado el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol a quien Suiza considera «responsable de serias violaciones a los derechos humanos y represión de la oposición democrática en Venezuela, incluyendo la prohibición y represión de manifestaciones políticas».

El jefe del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Gustavo Enrique González López, también es sancionado por ser supuestamente «responsable de serias violaciones a los derechos humanos (incluyendo detenciones arbitrarias, trato inhumano y degradante y tortura), y represión de la sociedad civil y la oposición democrática».

La medida también afecta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez porque «sus acciones y políticas han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, incluyendo al facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente».

Asimismo, Suiza acusa al jefe del gobierno del Distrito Capital y comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 21, Antonio José Benavides, «de estar envuelto en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y responsable de serias violaciones a los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando».

Además, el Consejo Federal ha establecido un embargo de venta y exportación de equipamiento militar y los bienes «susceptibles de ser usados con fines represivos».

Asimismo, se prohíben la venta de equipamientos y tecnología que puedan servir a la vigilancia o para interceptar comunicaciones telefónicas o de internet.

El texto especifica que el Gobierno helvético está «gravemente preocupado por las violaciones repetidas de las libertades individuales de los venezolanos, donde el principio de la separación de poderes se ve severamente afectado y donde el proceso para las próximas elecciones sufre un fuerte déficit de legitimidad».

El ejecutivo suizo apela a Venezuela a «restaurar la integridad del proceso electoral y a promover un espacio democrático incluyente y plenamente respetuoso de su marco constitucional y legal y de su obligaciones internacionales».

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EFE