Internacional
El gobierno de Trump usa una guía basada en puntos para catalogar a venezolanos como miembros del Tren de Aragua

Un documento judicial de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), revisado por Univision Noticias, reveló que el gobierno de Donald Trump podría estar utilizando una «Guía de Validación de Enemigos Extranjeros» para identificar y deportar a venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Este sistema evalúa a los individuos mediante una puntuación basada en criterios específicos, como edad, nacionalidad y residencia legal en Estados Unidos.
La guía establece que aquellos que acumulen ocho puntos o más son catalogados como miembros del Tren de Aragua, una pandilla criminal, y son sujetos a deportación inmediata. Entre los factores evaluados se encuentran tatuajes, simbología, gestos y vestimenta, lo que ha generado controversia, ya que familiares y abogados aseguran que estas características no necesariamente indican afiliación a la banda.
Casos como el de Frizgeralth Cornejo, un joven venezolano deportado a El Salvador tras ser detenido por sus tatuajes, han puesto en evidencia las fallas del sistema.
Cornejo no tenía antecedentes penales ni vínculos con el Tren de Aragua, según registros en Venezuela. Su caso ha sido señalado como un ejemplo de las arbitrariedades de este proceso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a las consultas sobre el uso de esta guía, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó su existencia.
Lee el trabajo completo de Univisión en este link
Juez impide que administración Trump elimine protecciones de deportación para venezolanos
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Internacional
Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.
La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.
“Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.
Reiteró que es inocente
En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.
Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.
El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.
Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.
El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
Anuncia demandas por difamación
Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.
La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.
Con información de: El Nacional
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