Un juez federal impidió temporalmente este lunes que el Gobierno de Trump termine con las protecciones de deportación para 350.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos.

A principios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el acabar con una forma de alivio humanitario conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos, con más de 300.000 venezolanos en EE.UU. programados para perder esas protecciones la próxima semana. Otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 iban a perder su estatus en septiembre.

Un tema central en los procedimientos era si el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el mando de Kristi Noem, tenía la autoridad para eliminar la designación existente de TPS antes de que estuviera programada para expirar.

La administración de Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales. La decisión del lunes se aplica a la designación de 2023.

El 13 de febrero de 2025, en Miami, Florida, la gente se une para apoyar una resolución que reinstaura el estatus de protección temporal para los venezolanos.

Violó la Ley de Procedimiento Administrativo

Los impugnadores, migrantes venezolanos cubiertos por el TPS, sostuvieron que la repentina reversión de las protecciones por parte de Noem violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos para las agencias federales al implementar cambios de política. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.

En una audiencia del 24 de marzo, los abogados de los migrantes señalaron declaraciones públicas de Noem y del presidente Trump que, según dijeron, despreciaban a los migrantes venezolanos, sugiriendo que la decisión de anular el TPS estaba influenciada por una intención discriminatoria. Ese argumento llevó al juez a hacer preguntas agudas al Departamento de Justicia.

“¿Por qué no deberían considerarse declaraciones basadas en generalizaciones negativas sobre un grupo de 600.000 venezolanos, sin fundamento, como la definición de racismo?” preguntó el juez Edward Chen. “¿No son problemáticas tales declaraciones?”

La abogada del Departamento de Justicia, Anna L. Ditcher, dijo que los comentarios fueron sacados de contexto, argumentando que Noem se refería específicamente a miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Se han presentado demandas similares en Maryland, Nueva York y Massachusetts por grupos de derechos de inmigrantes.

Con información de ACN/Agencias

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