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ONG pide a EE. UU. políticas migratorias serias para evitar tragedias como la de México

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La organización Raíces Venezolanas Miami afirmó este martes que el incendio ocurrido en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez (México), que dejó 39 muertos y 29 heridos, podría haberse evitado con políticas migratorias “serias” de parte de EE.UU.

La organización señaló que el sistema actual basado en la aplicación informática CBP One no funciona y que con este sistema los migrantes quedan varados en una zona “en estado de vulnerabilidad y desesperación”.

En un comunicado denunció que esa aplicación se colapsa por la alta demanda, “mientras aún más (migrantes) continúan su camino hacia la frontera sur por caravanas o grupos pequeños”.

ONG pide a EE. UU. políticas migratorias serias

Raíces Venezolanas Miami señaló que por ello “los inmigrantes pasan meses intentando lograr que la aplicación CBP One les acepte su petición de ingreso”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó del incendio a las propias víctimas, quienes, según dijo, habrían quemado colchones para frenar su deportación.

Según la Fiscalía mexicana, entre los fallecidos y heridos hay personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, salvadoreña, guatemalteca, hondureña y venezolana.

Más migrantes que nunca

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata a México de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular.

Según Raíces Venezolanas, fuentes extraoficiales a las que tuvieron acceso, que pidieron mantenerse en el anonimato, les dijeron que los eventos que desencadenaron la tragedia comenzaron cuando el INM hizo una redada debido a quejas por la actitud de algunos inmigrantes.

“Los inmigrantes detenidos resultaron engañados y llevados al puesto migratorio bajo la promesa de que se les arreglaría su situación. Una vez allí, las autoridades mexicanas les dijeron a los inmigrantes que no les iban a arreglar nada sino que, por el contrario, serían deportados”, indica el comunicado.

Piden la identidad de los fallecidos

La organización pidió que se cumplan los acuerdos entre México y EE.UU. para recibir inmigrantes, además de cuestionar si en realidad el primero de los países tendría la capacidad de atender a los aproximadamente 50 mil inmigrantes que ya se encontraban en la zona fronteriza.

La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, por su parte, solicitó a través de su presidente, José Antonio Colina, al Gobierno mexicano información con carácter de urgencia de las nacionalidades y los nombres de los inmigrantes fallecidos y heridos, ya que una buena parte se presume que eran venezolanos.

“Exhortamos a las autoridades mexicanas a atender la crisis migratoria en su frontera con el mayor profesionalismo posible, dado lo delicado y volátil de la situación”, dijo Colina.

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42. EFE

 

No dejes de leer: Incendio en México fue provocado por protestas de migrantes

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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