Nacional

Kapé Kapé denuncia colapso de servicios públicos en poblaciones indígenas

Publicado

Hace 2 años

31 mayo, 2023

Por

Miguel Sanchez

Colapsan servicios públicos en población indígenas - noticiacn

Fotos; Kapé Kapé.

Colapsan servicios en poblaciones indígenas del estado Amazonas, denunció este miércoles 31 de mayo que la ONG Kapé Kapé, de acuerdo a sus datos, pueden prolongarse por días.

«Los constantes y prolongados cortes son los principales malestares (…) cansados de tanto esperar, deciden trancar las carreteras nacionales o regionales que pasan por sus territorios para que las autoridades los atiendan», señaló la organización en nota de prensa.

Añadió que una de las fallas más comunes es por averías en transformadores eléctricos que dejan a toda la población sin servicio por 15 días y hasta un mes.

La organización sostuvo que, tras una consulta realizada a trabajadores de la Corporación Eléctrica (Corpoelec), se conoció que en Amazonas no cuentan con «suficientes transformadores para atender oportunamente todas las fallas que se presentan».

«La estatal tampoco cuenta con un equipo de trabajo, ni suministro de gasolina para los camiones de las cuadrillas», apuntó.

Colapsan servicios en poblaciones indígenas

Kapé Kapé dijo que otra falla común en las comunidades indígenas es la rotura de guayas (cables) y la caída de fusibles tipo tabacos del tendido eléctrico, al tiempo que dijo que Corpoelec suele atender este tipo de casos con más celeridad.

A los cortes de luz, prosiguió la ONG, se le suman las fallas en el suministro de agua potable, principalmente en comunidades donde tienen tanques elevados activos y la bomba de agua que lo llena necesita de electricidad para su funcionamiento.

Por otra parte, la ONG Kapé Kapé dijo que las poblaciones indígenas tienen problemas con el transporte público, por sus costos, ya que en algunos casos son obligados a pagar la tarifa en pesos colombianos.

Colapsan servicios públicos en población indígenas - noticiacn

ACN/MAS/Agencias

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Nacional

PROVEA se pronuncia tras declaraciones del fiscal sobre detención de Eduardo Torres

Publicado

32 minutos ago

14 mayo, 2025

Gabriela Suniaga

Después de más de 96 horas sin información, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció el 13 de mayo que el defensor de derechos humanos Eduardo Torres se encuentra detenido bajo custodia del Estado venezolano.

Sin embargo, el Ministerio Público no ofreció detalles sobre la fecha, hora, lugar ni el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención, ni informó sobre una orden de aprehensión o el sitio donde permanece recluido.

Denuncias de desaparición forzada

El reconocimiento oficial de la detención se produjo vía Instagram, luego de días de denuncias por parte de su familia, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Torres tuvo su última comunicación con sus familiares el 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desde entonces su paradero fue desconocido.

Su esposa, Emiselys Núñez, junto con miembros de PROVEA, recorrió centros de detención en Caracas (DGCIM, SEBIN y PNB), donde las autoridades negaron que estuviera recluido, aumentando la incertidumbre.

La falta de información oficial ha sido cuestionada, pues si su detención ya era conocida por el Estado, ¿por qué no se permitió su comunicación con familiares y abogados?, se pregunta la ONG PROVEA sobre las declaraciones del fiscal sobre Eduardo Torres.

Según organismos de derechos humanos, esta omisión prolongada podría considerarse una desaparición forzada, violando los artículos 44 y 45 de la Constitución.

Irregularidades en el debido proceso

El fiscal aseguró que Torres «fue presentado conforme a los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», aunque su esposa y miembros de PROVEA esperaron por más de 7 horas el 11 de mayo para su presentación en tribunales, sin éxito.

Además, se denunció que el hábeas corpus solicitado por Núñez no fue recibido, argumentando la falta de una «autorización superior».

La prolongada falta de información sobre su estado y lugar de reclusión sigue representando un riesgo para su integridad física y mental, por lo que familiares y organizaciones mantienen su exigencia de una respuesta clara y garantías de sus derechos.

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