Internacional
Batalla legal en Houston por 100 mil barriles de gasolina venezolana
De acuerdo a la agencia Associated Press (AP), el buque petrolero Alkimos, con bandera de Malta, ha permanecido por dos meses anclado frente a la costa del Golfo de Texas debido a una batalla legal que se desarrolla en una corte federal, como resultado de las sanciones aplicadas por la administración Trump contra el gobierno de Venezuela.
La disputa comercial de grandes intereses económicos en el mercado petrolero internacional, tiene todo el drama de una película de piratas: un cargamento precioso, maniobras marítimas clandestinas y acusaciones de un robo en alta mar.
La batalla legal, enfrenta a Evangelos Marinakis, uno de los multimillonarios más poderosos de Grecia, contra el magnate naviero de Venezuela, Wilmer Ruperti, que tiene una larga historia de ayuda a los líderes socialistas de de la región.
Batalla legal en Houston: Marinakis vs Ruperti
Los primeros resultados de esta contienda legal en las cortes norteamericanas, han favorecido a Evangelos Marinakis, así como a su firma Capital Ship Management Corp, con sede en el Pireo (Grecia).
El próximo miércoles, oficiales federales en Houston (Texas) programaron para una subasta de la carga del barco Alkimos: 100.266 barriles de gasolina de alto octanaje, con un precio en el mercado de unos $5 millones.
La subasta se efectúa debido a la orden del juez Lynn Hughes de incautar la carga, que muy probablemente terminaría en Venezuela, mientras continúa el arbitraje sobre un embargo preventivo de $1.7 millones.
«Esto demuestra claramente que las sanciones funcionan», dijo Russ Dallen, quien monitorea de cerca el tráfico marítimo como jefe de Caracas Capital Markets, con sede en Miami.
«Pero aunque este operador marítimo parece haber hecho lo correcto, hay muchas otras cucarachas sin escrúpulos en la industria naviera que no dudarán en hacer negocios con Venezuela», agregó.
Sanciones de EEUU impactan los intereses de Maduro
Estados Unidos ha estado tratando durante meses de cortar los envíos de combustible hacia y desde Venezuela, con la esperanza de acelerar la caída del gobierno de Nicolás Maduro, al privarlo del ingreso petrolero que es el elemento vital para la estabilidad de su administración.
Sin embargo, hasta ahora los mayores perdedores han sido los choferes venezolanos, que se ven obligados a esperar en largas colas durante días, para tanquear sus vehículos debido a la falta de gasolina refinada a nivel nacional.
Hasta la fecha, la administración Trump ha sancionado a más de 50 buques que han intentado violar las sanciones. Este mes, se agregaron a la lista cinco capitanes iraníes, después de que Maduro se apoyó en su aliado antiamericano para llevar la gasolina a Venezuela.
Si bien es probable que el arbitraje judicial entre estos dos magnates navieros demore varios meses, los funcionarios estadounidenses ven el caso como una clara señal de que las sanciones contra Venezuela son cada vez más efectivas.
[Fuentes]: ACN | AP | Joshua Goodman | Redes
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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