Nacional
Rusia se prepara para explotar campos de gas en Venezuela
El gigante petrolero ruso Rosneft se prepara para explotar dos campos de gas en Venezuela; tras un acuerdo entre Caracas y Moscú publicado este jueves en el portal jurídico ruso.
Según la enmienda, Rusia y Venezuela se comprometen a “rear condiciones favorables; evitar discriminaciones y dar asistencia a la sociedad Rosneft y al Grupo Rosneft”; filial del grupo ruso en Venezuela, en el desarrollo de dos yacimientos de gas.
Entre esas condiciones favorables, destaca principalmente una exoneración de impuestos en Venezuela para Rosneft; sus proveedores y sus subcontratistas en la explotación de los dos yacimientos de gas de esquisto.
Los dos yacimientos son los de Patao y Mejillones; situados en el mar Caribe frente a las costas del estado de Sucre. La explotación por Rosneft, integrada en un protocolo sobre la cooperación en la ejecución de proyectos estratégicos comunes; firmado en 2009 por ambos países. El presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó esa enmienda en junio.
Una parte de la deuda que tiene Venezuela con Rusia es reembolsada en hidrocarburos; según acuerdos entre la petrolera estatal venezolana Pdvsa y Rosneft.
Campos de gas en Venezuela
Cabe destacar que la Comisión Permanente de Energía, Petróleo y Minas de la Asamblea Nacional; aprobó el informe para la segunda discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; para que el gobierno pueda otorgar licencias de explotación de gas, primero deba contar con la aprobación del Parlamento.
El diputado Elías Matta, presidente de dicha comisión; explicó que la Ley de Hidrocarburos fue aprobada en noviembre de 1999, durante el gobierno de Hugo Chávez.
“Esta ley fue aprobada en esa oportunidad por una habilitante y cuando el gobierno la hizo, le quitó el control de la AN; violando la Constitución en su artículo 150 que establece que todos los contratos de interés público deben pasar previamente por la supervisión y aprobación del Poder Legislativo”, señaló.
Afirmó que en 2016 Nicolás Maduro entregó, a dedo, dos licencias de gas a la empresa Rosneft Oil Company en la zona del Estado Sucre.
Con información: ACN/EN/AFP
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Nacional
Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)
El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.
“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.
En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.
González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
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El Informe Anual de Provea
Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).
Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.
“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.
Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.
ACN/MAS/EFE
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