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Representantes de víctimas expusieron la crisis del sistema de salud ante la CIDH en Audiencia Pública

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En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de víctimas y organizaciones de la sociedad civil venezolana expusieron la grave crisis del sistema de salud en Venezuela.

Durante la sesión, se expusieron hechos contundentes que subrayan la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, resaltando la persistente falta de medicamentos, equipos médicos y servicios de salud básicos.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para intensificar su apoyo a la población vulnerable del país.

Las víctimas estuvieron representadas por organizaciones de la sociedad civil como: la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), Acción Solidaria, Cecodap, Cepaz, Defiende Venezuela, Funcamama, Prepara Familia, Provea y Transparencia Venezuela.

Una situación estructural

Desde 2015, Venezuela enfrenta una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), exacerbada por la corrupción y políticas que han deteriorado gravemente el sistema de salud pública.

Según HumVenezuela, se ha perdido 80% de las capacidades de respuesta del sistema sanitario, resultando en que el 70% de las personas que acudieron al sistema público en 2023 no recibieron la atención necesaria.

Los hospitales carecen de medicamentos básicos e insumos esenciales como lencería, gorros y tapabocas, obligando a los pacientes a llevar todo, incluyendo analgésicos, suturas y sueros.

Solo 10% de los hospitales pueden realizar tomografías, 30% no cuenta con servicio de Rayos X simple y el 47% de los laboratorios funciona de manera intermitente.

Más de 42.000 profesionales de la salud han emigrado debido a bajos salarios y condiciones laborales extremas.

Un médico residente gana aproximadamente Bs. 652 ($18) y una enfermera Bs. 222 ($6) mensuales, según datos de junio de 2024.

En hospitales como el Hospital Central de Táchira, la falta de personal impide operaciones y tratamientos vitales, dejando a los pacientes en situaciones críticas y, en muchos casos, fatales.

Pacientes crónicos en peligro

Se estima que 5.278 personas viven con hemofilia en Venezuela. Aunque existe cooperación con la Federación Mundial de Hemofilia y compras regulares por parte del IVSS, la cantidad de medicamentos adquiridos es insuficiente frente a la demanda.

En octubre de 2022, se reportaron alertas por falta de factores de coagulación en 8 estados venezolanos, y desde hace 4 años no hay reactivos para estudios especializados en el Banco Municipal de Sangre.

Por su parte, aproximadamente 92.000 personas viven con VIH/sida en Venezuela, con una falta significativa en la capacidad para realizar diagnósticos nuevos.

El acceso al tratamiento depende exclusivamente del Estado, pero desde 2016 no se han realizado compras regulares de antirretrovirales. La situación se agrava por la resistencia y reacciones adversas a los tratamientos disponibles, obligando a muchos a recurrir al mercado negro o abandonar el tratamiento.

Durante su intervención ante la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Eugenia Monagas, presidenta de la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple en Venezuela y beneficiaria de una medida cautelar radicada por Defiende Venezuela, destacó la urgencia de la situación que enfrentan los pacientes con EM en su país.

Monagas subrayó la crítica falta de acceso a medicamentos y atención médica adecuada, enfatizando que desde que se le otorgó la medida cautelar, no ha recibido apoyo del sistema de salud público ni cooperación de las autoridades locales para tratar su enfermedad.

En sus propias palabras, Monagas expresó: «La crisis de medicamentos es tan grave que cuando finalmente logramos ver a un especialista, debemos firmar una renuncia de responsabilidad debido a que los medicamentos proporcionados por el IVSS no son confiables».

Además, describió cómo la falta de acceso integral a la atención médica afecta la calidad de vida de los pacientes, impidiéndoles realizar exámenes necesarios y mantener una dieta adecuada debido a los altos costos y bajos ingresos en Venezuela.

Por último, solicitó que “los beneficiarios mencionados por María Eugenia Monagas sean incluidos en la ampliación de la medida 1286 para que puedan recibir la cobertura y protección necesaria”.

En este sentido, la ONG Defiende Venezuela exige al Estado venezolano tomar medidas inmediatas y efectivas para atender la grave crisis de salud que enfrentan los ciudadanos.

La organización resalta la necesidad urgente de garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos médicos adecuados, tal como lo recomiendan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

 

 

Con información de nota de prensa

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Internacional

Dueño de la discoteca Jet Set pagó fianza de más de medio millón de dólares y salió libre (+Video)

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El empresario dominicano Antonio Espaillat -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía / Video Youtube
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El empresario dominicano Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set cuyo desplome del techo causó 236 muertes y más de 180 heridos el 8 de abril pasado, salió este viernes en libertad tras el pago de una fianza de 50 millones de pesos (unos 850 mil dólares).

Espaillat abandonó el Palacio de Justicia de Santo Domingo sin ofrecer declaraciones a los medios, tras la fianza que le impuso un tribunal la madrugada del jueves, al igual que a su hermana Maribel. Ambos acusados de homicidio involuntario por el Ministerio Público, organismo que apelará la decisión.

A los hermanos también se les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de 18 meses para Espaillat y arresto domiciliario para su hermana.

La tragedia se produjo mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

«Ha sido una decisión triste, para no decir horrible»

El abogado Ángel Lockward, quien representa a varios de los familiares de los fallecidos, dijo que el país está «airado» por la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Servicios Judiciales Permanente del Distrito Nacional.

«Ha sido una decisión triste, para no decir horrible. El tribunal uso su poder discrecional de la manera más negativa para las víctimas al imponer una fianza que, si hubiera sido más proporcional, quizás habría generado menos protestas, menos estupor», dijo el abogado.

Decenas de acciones legales han sido presentadas por los familiares de los fallecidos y sobrevivientes de la tragedia.

Según la investigación del Ministerio Público, «durante años» Jet Set «operó con una sistemática. Además de grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

Con información de: ACN/NT/DPD

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