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Ordenan detención del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani por masacre de El Mozote

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Ordenan detención del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani - noticiacn
Alfredo Cristiani. (Foto: EFE).
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Ordenan detención del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) por masacre de El Mozote, por parte de una corte de instrucción del país centroamericano, junto a un grupo de exdiputados de la Asamblea Legislativa por supuestamente encubrir a los autores de la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981, durante la guerra civil (1980-1992), según dieron a conocer medios locales este sábado 23 de diciembre.

La jueza Mirtala Portillo, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera y señalada de «opacidad» en el proceso, emitió la orden por el delito de «encubrimiento personal» de los militares procesados y declaró este delito como de lesa humanidad.

De acuerdo con el medio gubernamental Diario El Salvador (DES), Portillo decretó la detención provisional contra Cristiani y la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por supuestamente ayudar a evadir la Justicia con la promulgación de una ley de amnistía.

Ordenan detención del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani

«Dicho instrumento jurídico se emitió con la aquiescencia del imputado Alfredo Félix Cristlani Burkard, quien fungía como presidente de la República, quien sancionó y ordenó su publicación para convertir la misma en un instrumento de carácter obligatorio», raza parte de la resolución, de acuerdo con DES.

El documento indica que dicha ley hizo «imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las víctimas mediante una sentencia ejemplarizante».

Otros señalados

El resto de señalados son Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores, Alfredo, René Flores Aquino, Reynaldo Quintanilla Prado y Ernesto Taufik Kury Aspridis.

Se menciona también a los fallecidos Ciro Cruz Zepeda Peña y Mercedes Gloria Salguero Gross.

En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley de amnistía, que impidió por dos décadas procesar a los mandos militares señalados de dirigir la masacre. En ese mismo año se reabrió el proceso.

Asimismo, en una reciente entrevista con EFE, el abogado querellante David Morales dijo que la jueza gestionaba el proceso con «opacidad».

«La gestión de la nueva señora jueza a cargo del caso ha sido una gestión que se ha caracterizado por la opacidad, y por la realización de una serie de diligencias que están violentando el debido proceso», afirmó Morales.

Portillo asumió el caso tras la destitución del juez Jorge Guzmán a raíz de un polémico decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que retiró en 2021 a los juzgadores mayores de 60 años o con 30 años de carrera.

Informe de 1993

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.

Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.

ACN/MAS/EFE

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Internacional

Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

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Karla Moya absuelta Dominicana - acn- Agencia Carabobeña de Noticias
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La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.

La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.

Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.

Reiteró que es inocente

En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.

Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.

El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.

Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.

El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.

Anuncia demandas por difamación

Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.

La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.

 

Con información de: El Nacional

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