Internacional
Noboa prorrogó por 30 días más el estado de excepción en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prorrogó este jueves 7 de marzo por 30 días más el estado de excepción a escala nacional que se encuentra en vigor desde el pasado enero por «grave conmoción» y «conflicto armado interno» decretado ante la espiral de violencia que sacudió al país a comienzos de año.
«La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica», indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado, tras la firma del decreto por parte del mandatario.
Noboa estado de excepción en Ecuador
El estado de excepción, con el que el gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, especialmente en la militarización de las cárceles, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales, y que fueron declaradas como «zonas de seguridad».
También implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. También declara a las cárceles como «zonas de seguridad».
La extensión de la medida incluye la aplicación de un sistema de «semaforización» para el toque de queda nocturno, dependiendo de los niveles de inseguridad en cada municipio o provincia.
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El documento aplicó además las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador en su dictamen en el que declaró como constitucional la declaración de este estado de excepción.
Asimismo, en el decreto se recordó que los servidores públicos «serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción», después de que hayan surgido varias denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
Durante los primeros 60 días del estado de excepción se han ultimado a una docena de presuntos delincuentes catalogados como «terroristas» por el gobierno, mientras que tres policías han fallecido presuntamente a manos de estas bandas.
También se han practicado más de 11.000 detenciones y se han incautado más de 64 toneladas de drogas, así como más de 3.300 armas de fuego, cerca de 4.500 armas blancas y más de 24.000 explosivos.
Banda criminales
El pasado 8 de enero, Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por 60 días, ante una serie atentados y acciones violentas de las bandas criminales, que se acrecentaron al día siguiente con la toma de un canal TC Televisión por parte de un grupo armado durante una emisión en directo.
Al mismo tiempo se sucedieron una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles de las que se fugaron cerca de 90 presos y donde unos 200 guardias y policías permanecieron secuestrados durante cerca de una semana.
Días antes se había fugado el narcotraficante José Adolfo Macías Salazar (Fito), líder de Los Choneros, considerada una de las bandas más peligrosas del país, con presuntos nexos con carteles mexicanos.
Estos episodios se sucedieron cuando el gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su política de «mano dura» para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia carcelaria saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.
Con información de ACN/el nacional
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Internacional
La Casa Blanca criticó a jueza que falló a favor del parole y apelará la decisión (+Video)

La Casa Blanca criticó este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como ‘parole humanitario’, y adelantó que apelará la decisión.
La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, señaló en una rueda de prensa directamente a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, calificándola de «rebelde».
«Otra jueza de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», indicó la portavoz, que aseguró que «lucharemos en contra en los tribunales».
Además de su campaña para deportar a los más de once millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha decidido también arrebatar el estatus legal a decenas de miles de personas que llegaron al país bajo programas de migración legal promovidos por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril
A través del ‘parole humantario’, las personas en Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar desde sus países un permiso para viajar a EE.UU. y obtener un permiso de trabajo.
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios. Pero la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del ‘parole’, que se otorgó por un periodo de dos años.
Los beneficios del parole humanitario
El Gobierno de Biden instauró este programa en 2022 para venezolanos y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos. En un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’. Lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
Con información de ACN/EC/AV
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