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CPI reanuda investigación sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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La Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado este martes al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.

Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.

CPI reanuda investigación en Venezuela

“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual”, señaló la Sala.

No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión “no impide” que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la “inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.

1.8975 opiniones

Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000, y la oficina del fiscal de la Corte recibió en septiembre de 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En noviembre de 2021, la oficina del fiscal anunció que el examen preliminar iniciado en base a esa remisión había concluido y que se había tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela.

En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas, quienes continuarían buscando pesquisas en este caso.

Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autoricen reanudar esa investigación porque Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso.

Desde entonces, Caracas y el fiscal han estado presentado sus respectivas réplicas a la Sala, durante un proceso en el que Venezuela acusó a Khan de «instrumentalizar» la justicia «con fines políticos».

 

Con información de EFE

 

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Internacional

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

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Gobierno de EEUU solicita deportar venezolanos
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A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.

El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.

El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.

Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.

Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.

La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.

Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.

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