Internacional
53 países de la ONU denunciaron violaciones de Derechos Humanos en Venezuela

La crisis que atraviesa Venezuela continúa entre los temas más destacados por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este jueves los representantes de estas naciones firmaron una declaración donde expusieron su preocupación por las violaciones de Derechos Humanos.
El documento lo firmó Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú. Los 28 países miembros de la Unión Europea, ocho europeos no comunitarios y cinco Estados asiáticos.
Durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, coincidieron en su preocupación “por lo expuesto en el informe de la Oficina del Alto Comisionado que detalla asesinatos extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios; tortura, malos tratos y la falta de acceso a la justicia; así como la erosión del equilibrio de poderes”.
Miembros de la ONU solicitan al Gobierno permitir el canal humanitario
En el escrito solicitan al Gobierno venezolano que permita la asistencia humanitaria ante el impacto de la crisis económica y social en los derechos a la alimentación y a la salud.
Por segunda ocasión el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció homicidios, presuntas ejecuciones sumarias; uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes; torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
Debido a los abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones; Al Hussein pidió una implicación mayor de la Corte Penal Internacional, CPI.
Este martes, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que el Gobierno nacional no contribuye a la resolución de la crisis humanitaria a causa del éxodo de venezolanos. La diplomática explicó que lejos de encontrar las vías para la solución; el régimen de Nicolás Maduro no reconoce la crisis y esto en nada contribuye al retorno de los connacionales a su país, aseguró.
ACN/EFE
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Internacional
Tribunal colombiano habría ordenado embargo de cuentas de empresas de Álex Saab

Medios internacionales informaron de un presunto embargo millonario a cuentas del empresario colombo-venezolano Álex Saab y a varias de sus empresas con operaciones en Colombia.
Según informó el medio El Colombiano, un juzgado civil de Barranquilla ordenó el embargo de más de 831 millones de pesos a las cuentas del también ministro de Industria venezolano, La decisión judicial incluye a las sociedades Shatex y Jacadi de Colombia, así como a la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, exesposa de Saab, quien figuraba como subgerente en una de las firmas embargadas.
“Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Morán y Cynthia Eugenia Certain Ospina”, ordena el fallo. El mismo limita la medida cautelar a una suma exacta de 831’249.994 pesos, correspondiente al valor de la liquidación del crédito.
Embargos a cuentas de Saab
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias advirtió que “dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables. Y estos no excedan los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, de acuerdo con el fallo.
Así mismo, ordenó que los dineros retenidos sean consignados en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo la custodia de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
En mayo de 2024, un tribunal de primera instancia absolvió a Saab de varios cargos, entre ellos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelará la decisión, alegando que existen pruebas suficientes que vinculan al empresario con la creación de compañías fachada para mover fondos ilícitos. Según el ente acusador, estas empresas mostraron un crecimiento inusual de 923% en sus movimientos financieros.
A comienzos de 2025, un juez ordenó devolverle a Saab una mansión ubicada en el norte de Barranquilla, incautada en 2021 por la Fiscalía. No obstante, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la propiedad seguirá bajo su control hasta que emitan una sentencia definitiva.
Con información de: El Colombiano / El Nacional
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