Política
TSJ en el exilio invalidó las elecciones del 6D
A través de un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio invalidó este jueves 3 de diciembre las elecciones parlamentarias del 6D.
Vale recordar, que los comicios fueron convocados por Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo del Estado con tendencia oficialista; es decir a la administración de Nicolás Maduro.
Al tiempo, el TSJ ratificó la prórroga constitucional del periodo de la Asamblea Nacional (AN); su junta directiva y el “gobierno interino Juan Guaidó”.
De hecho, ya el 13 de junio de 2018, la Sala Electoral emitió una sentencia dónde estableció las orientaciones necesarias; con el fin de avalar procesos electorales auténticos, en garantía al derecho constitucional del sufragio en Venezuela.
TSJ Invalidó elecciones del 6D
Primeramente, la selección y designación de nuevos Rectores del CNE, quienes cumplan sus funciones como árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos; además, que puedan generar imparcialidad, transparencia y eficacia en la organización, administración, dirección y supervisión de los próximos procesos electorales.
“Esta designación corresponde de manera exclusiva a la Asamblea Nacional en los términos previstos en el artículo 296 de la Constitución de la República. Habiéndose declarado la inconsistencia del Registro Electoral las nuevas autoridades del organismo electoral; deberán efectuar un proceso de depuración y actualización del Registro Electoral”, se lee en el documento.
Es decir, éstas autoridades, con la participación obligatoria de las universidades, los partidos políticos, los grupos de electores; así como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y los Institutos de Estudios Jurídicos de los Colegios de Abogados, deberán diseñar e implementar un sistema de votación y escrutinio; fundamentalmente manual, donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar.
Sin convocatoria legal
A mínimos días de celebrarse las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6D, el TSJ que invalidó el proceso agregó en el comunicado; que “por cuanto no ha existido una convocatoria legal para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026″.
Además, que “ante la ausencia de una reglamentación constitucional a la cual se pueda acudir para evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria; no queda otra solución que, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 333 de la Constitución del país; se mantengan como los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.”
Con Información: ACN/Comunicado TSJ/El Impulso/Foto: Cortesía
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Política
Son alarmantes las condiciones de reclusión de detenidos en protestas postelectorales
Las detenciones arbitrarias han alcanzado niveles alarmantes en Venezuela- denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones- en su mayoría dirigidas contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, trabajadores de la prensa, personas que fueron testigos de la oposición durante las elecciones o simplemente aquellos que se han atrevido a expresar un pensamiento contrario por redes sociales.
Las recientes detenciones así lo confirman, como es el caso del estudiante de medicina de la Universidad de Oriente (UDO), en el estado Bolívar.
Se trata de Virgilio Laverde, de 24 años de edad, quien fue detenido en las afueras de su residencia y, según información aportada por sus familiares, no existía una orden de aprehensión en su contra.
Este joven estudiante está a una semana de que se realicen los actos protocolares para recibir su título como médico cirujano, mientras que su detención es un reflejo de cómo se les viola el derecho a los estudiantes por alzar su voz y exigir un mejor futuro.
Estas son las condiciones detenidos en protestas postelectorales
Otra situación alarmante es la constante amenaza contra los trabajadores de la prensa, lo que constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos de estar informados.
Desde la celebración de las elecciones se han producido al menos siete aprehensiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, los cuatro primeros fueron:
Yousner Alvarado en el estado Barinas; la reportera gráfica Deisy Peña en Miranda; el camarógrafo Paúl León, en el estado Trujillo; el periodista José Gregorio Camero en Guárico, y el periodista Roland Carreño en Caracas, quien resultó apresado por segunda vez. Las dos últimas fueron en contra de los periodistas Víctor Ugas, que enfrentaría su tercera detención, y Ana Carolina Guaita en el estado Vargas, de quien se desconoce su paradero.
Condiciones inhumanas
Son más de 1.500 personas detenidas, según han podido verificar distintas organizaciones no gubernamentales, aunque según el propio Ministerio Público son más de 2.000 personas tras las rejas.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna.
En ese sentido, “en el OVP sentimos una gran preocupación por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente”.
“Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas, e incluso algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada”.
El acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse, la alimentación está basada en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.
En cuanto a las personas que se encuentran en los calabozos policiales, son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, según la cantidad de detenidos en un mismo calabozo; mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.
El común denominador en estas detenciones arbitrarias es la violación al derecho al debido proceso, pues ninguno de los aprehendidos ha tenido acceso a sus abogados de confianza y ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares.
La opacidad de la información por parte del régimen también está a la orden del día, tanto así que no se sabe con certeza la cantidad de aprehendidos trasladados a centros penitenciarios y la cantidad de jóvenes enviados a centros de atención de adolescentes.
En tanto, los detenidos en algunas regiones de Venezuela están siendo trasladados a la ciudad de Caracas, sin explicación y sin que sus familiares sepan a dónde dirigirse.
Esto complica más su situación porque además se incrementan los gastos en los traslados de los familiares para realizar las visitas y proveer de insumos a sus seres queridos.
“Desde OVP exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria por el simple hecho de manifestar pacíficamente, aquellos que solo estaban en la puerta de su casa o caminando por alguna calle, o quienes simplemente fueron apresados por su pensamiento político”.
Con información de nota de prensa
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