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Seis muertos y 200 detenidos en ola de violentas protestas en Sudáfrica

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protestas en Sudáfrica
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La Policía investiga al menos 6 muertes y efectuó 219 arrestos en relación a las violentas protestas que está viviendo Sudáfrica desde la semana pasada; desatadas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por desacato judicial y convertidas en una oleada de saqueos y vandalismo.

Según informó en un comunicado la portavoz nacional de la Policía sudafricana Mathapelo Peters; los graves incidentes se concentran en la oriental provincia de KwaZulu-Natal (de donde es originario Zuma y su mayor bastión de apoyo político) y en la populosa Gauteng (la región donde están las ciudades de Pretoria y Johannesburgo).

Hasta primera hora de esta mañana, el total de detenciones ascendía a 219 (96 en Gauteng y 123 en KwaZulu-Natal); pero durante la jornada podrían aumentar, ya que los disturbios y saqueos continúan este lunes.

En cuanto al balance de víctimas, las fuerzas de seguridad investigan hasta la fecha 4 fallecimientos en Gauteng y 2 en KwaZulu-Natal.

«Las circunstancias que llevaron a sus muertes están bajo investigación. La extensión del daño a la propiedad y los saqueos a negocios se determinará más adelante», indicó la Policía en su comunicado.

Los incidentes violentos empezaron este viernes en KwaZulu-Natal, donde Zuma permanece recluido en la prisión de Estcourt; después de que el expresidente se entregara el miércoles a última hora -al filo de expirar el plazo impuesto por los tribunales para su arresto- para cumplir prisión por desacato judicial.

Durante el fin de semana se extendieron también a Johannesburgo y otros puntos y se tradujeron en quema de vehículos, saqueos de negocios y grandes centros comerciales, corte de calles y autopistas, entre otros incidentes.

Violentas protestas en Sudáfrica

En declaraciones al canal televisivo Enca, la portavoz policial Mathapelo Peters precisó que las fuerzas de seguridad; consideran que lo que en un momento pudieron ser protestas políticamente motivadas ha degenerado en una oleada de mera «criminalidad».

Los incidentes se producen, además, en pleno pico de una grave tercera ola de casos de covid-19 en el país; que es el más golpeado por la pandemia de toda África (con unos 2,2 millones de contagios y 64.000 muertes).

Anoche, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, advirtió que no se tolerarán actos violentos y que «quienes estén involucrados en actos de violencia serán arrestados y procesados».

Mientras, el Tribunal Constitucional del país -que es la corte que condenó a Zuma el pasado 29 de junio; a 15 meses de cárcel por haberse negado repetidamente a declarar por corrupción- escucha este lunes los argumentos del equipo legal del expresidente para una posible rescisión o mitigación de la condena.

El polémico exmandatario es el primer ex jefe de Estado sudafricano de la era democrática en ser encarcelado desde el fin del sistema segregacionista del «apartheid» (1994).

Junto a este proceso por desacato, Zuma también está en juicio acusado de corrupción y otros cargos por supuestamente recibir sobornos en relación a un acuerdo armamentístico millonario firmado por Sudáfrica con una empresa francesa a finales de los años noventa.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional; medio millón de euros de dinero público que gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.

EFE

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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