La activista de derechos humanos Rocío San Miguel, procesada por supuesta conspiración, cumple un año presa sin acceso a sus derechos.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024, junto a su hija, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a viajar.

Desde entonces, la justicia penal no ha cumplido ninguno de los plazos legales del proceso.

En una nota de Diario Las Américas, detallan el caso e informaron que el tribunal tercero de Terrorismo fijó para el próximo martes, un año después, el inicio de la audiencia de juicio oral que debía celebrarse de 10 a 20 días después de la audiencia preliminar, la cual también tardó meses en realizarse, en lugar de los 15 días legales.

El proceso, que debía durar en total tres o cuatro meses, lleva un año y aún no ha comenzado el juicio.

El equipo de abogados que la asiste, y al que se le ha negado su juramentación, espera que en esta ocasión no surja ningún obstáculo que impida la celebración del juicio para que San Miguel pueda designar su defensa técnica.

«Se reitera que San Miguel requiere urgentemente una medida cautelar por razones humanitarias», escribió el medio Diario Las Américas en su nota.

«De verdad, ella necesita atención y en el Sebin no están en capacidad de resolver el problema», dijo uno de los abogados, recordando que la defensora de derechos humanos se fracturó el hombro derecho hace más de cinco meses en el sitio de reclusión y no ha recibido la debida atención médica.

«El pronóstico de esa fractura es quirúrgico, y eso demanda unos cuidados postoperatorios y una rehabilitación larga. Si allí no pudieron diagnosticar una fractura en cuatro meses, ¿qué garantía tenemos de que esté bien atendida en el acto quirúrgico y después? San Miguel la está pasando mal porque la fractura consolidada le duele todos los días».

San Miguel, quien dirigía la ONG Control Ciudadano relacionada con el tema militar, está procesada por traición a la patria y terrorismo, entre otros graves delitos, como parte de la supuesta conspiración denominada «Brazalete Blanco», denunciada en diciembre de 2023.

Por el caso se dictaron más de 20 privativas de libertad a militares, abogados políticos y periodistas en enero del año siguiente.

El nombre de San Miguel, entonces, no apareció, recordó el medio de comunicación.

Rocío San Miguel cumple un año presa sin defensa

«La defensa sigue a cargo de una defensora pública de presos que, a un año de la detención, no ha tenido por primera vez una entrevista personal ni privada con su cliente San Miguel, nunca se ha reunido con ella para explicarle las razones de su detención ni que ella aporte un elemento que permita defenderla. Nada».

Tampoco tiene defensa privada Alejandro González, expareja de San Miguel, quien fue detenido días después y procesado por otros cargos.

En todo este tiempo, la defensora y el resto de los procesados no han sido llevados al tribunal.

Las audiencias se han realizado vía telemática, un mecanismo que la ley establece solo para testigos que no pueden acercarse a la sede judicial.

«Hemos tratado de hacer todo lo que toca a nivel interno y a nivel internacional para denunciar irregularidades, incluyendo que no le permitieron votar en las elecciones (…) esperamos un pronunciamiento de la CIDH», aseguró el abogado.

Link de la nota original

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