Internacional
Jair Bolsonaro el tercer expresidente brasileño que es inhabilitado
Jair Bolsonaro se convirtió este viernes en el tercer expresidente brasileño inhabilitado para disputar cargos electivos o ejercer cargos públicos, después de que condenara la Justicia electoral por abusos de poder en los comicios de 2022.
Con esa decisión y a falta de agotar todos los recursos, el líder ultraderechista, de 68 años, no podrá disputar ninguna elección durante los próximos ocho años.
El Tribunal Superior Electoral, por 5 votos a favor y 2 votos en contra, le condenó por valerse de su posición de jefe de Estado (2019-2022) «para degradar el ambiente electoral» y crear un estado de «paranoia colectiva» con «informaciones falsas» y «mentiras atroces».
Bolsonaro se suma así a otros dos exjefes de Estado brasileños que también despojados en algún momento de sus derechos políticos desde el restablecimiento de la democracia, en 1985.
El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también lo declararon inelegible, pero por un motivo distinto.
Jair Bolsonaro, inhabilitado
En 2018, el dirigente progresista lo condenaron en segunda instancia a 12 años y 1 mes de cárcel por un caso de corrupción.
Esa sentencia le encuadró en la llamada «Ley de Ficha Limpia», que impide a condenados en segunda instancia concurrir a cargos electivos.
El Partido de los Trabajadores (PT) intentó postularle como candidato presidencial en los comicios de 2018, que ganaría Bolsonaro, pero la Justicia electoral rechazó su registro al estar condenado en un tribunal de apelación.
Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema anuló esa y otra condena por corrupción contra Lula, un fallo que le permitió recuperar sus derechos políticos y presentarse a las presidenciales de 2022, que ganaría ante Bolsonaro por un estrecho margen.
El otro expresidente inhabilitado es Fernando Collor (1990-1992), quien durante su mandato lo acusaron de participar en una trama corrupta, lo que desencadenó que el Congreso pusiera en marcha un juicio político con fines de destitución en su contra.
En un contexto de grave crisis económica, Collor renunció con el objetivo de evitar ser destituido por el Congreso y mantener sus derechos políticos, pero, pese a dejar la Presidencia, el Senado aprobó su inhabilitación durante ocho años.
para el 2006 se presentó en las elecciones al Senado y consiguió un escaño por el estado de Alagoas.
En mayo pasado, el Supremo lo condenó a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir sobornos entre 2010 y 2014, mientras ejercía como senador.
Collor espera en libertad la resolución de los recursos presentados por su defensa.
El partido de Lula celebra la sentencia a Bolsonaro
Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este viernes la pérdida de los derechos políticos del exgobernante Jair Bolsonaro como una condena a «los métodos de la ultraderecha».
Al líder ultraconservador lo declararon «inelegible» por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por una dura campaña contra el sistema electrónico de votación y la propia democracia, en el marco del proceso que llevó a Lula al poder, en los comicios de octubre del año pasado.
Según Hoffmann, esa decisión «tiene una enorme forma didáctica» y «condena los métodos de la extrema derecha», «la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral».
Para la presidenta del PT, se trata de un «gran día», frase que usaba Bolsonaro para celebrar sus logros, y demuestra que «la defensa de la democracia y el enfrentamiento al fascismo permanecen en el orden del día» de la sociedad brasileña.
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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