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FANB inutiliza pista clandestina en zona minera de Bolívar

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FANB inutilizó una pista clandestina - noticiacn
Foto: @dhernandezlarez.
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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB inutilizó una pista clandestina en una zona del estado minero de Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), informaron este domingo fuentes de la institución militar.

En la red social X, el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Bolívar señaló que la pista clandestina estaba ubicada en la localidad de Los Pijiguaos, Bolívar.

FANB inutilizó una pista clandestina

Este operativo forma parte de la denominada ‘Operación Boquete’ que, según el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, tiene como objetivo la destrucción de “pistas improvisadas ilegales” y de aeronaves que violen el espacio aéreo venezolano.

“Nuestro territorio no será plataforma del narcotráfico o minería ilegal”, dijo el funcionario en X.

“DANB desplegada en la Operación Boquete, contra las pistas improvisadas ilegales y las aeronaves que violan nuestro espacio aéreo. Nuestro territorio no será plataforma del narcotráfico o minería ilegal”, colgó en otro mensaje el alto funcionario castrense.

El pasado enero, efectivos de la Fuerza Armada inutilizaron, en una zona del estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), una “pista clandestina de aterrizaje”, empleada “por grupos delincuenciales para el tráfico de materiales logísticos asociados a la minería ilegal”, según informó entonces Hernández Lárez.

En 2023, el Ejecutivo aplicó un plan de desalojo en el sur del país que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara a los militares una “batalla” para “limpiar” la porción venezolana de la Amazonía.

En Bolívar, una mina ilegal colapsó el pasado lunes, lo que dejó un saldo de 16 fallecidos y 36 heridos, según la información oficial.

ACN/MAS/EFE

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Gobierno continúa atención de denuncias de familiares de presos

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Gobierno continúa atención de denuncias de familiares de presos - Agencia Carabobeña de Noticias
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El Gobierno continúa atención de denuncias de familiares de presos, informó el Ministerio de Servicio Penitenciario, aunque no mencionó si se trata de una medida en respuesta a la huelga de hambre que inició el pasado domingo en varios centros penitenciarios y de detención contra el retraso procesal.

Aunque se registraron protestas en al menos 51 centros en 17 de los 23 estados del país, en las últimas horas los presos de varias cárceles han decidido levantar la huelga, luego de que el Ministerio Penitenciario empezara a atender los reclamos e, incluso, otorgara medidas de libertad, informó a EFE este viernes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La ONG indicó que equipos del Ministerio de Servicio Penitenciario se han acercado a distintos reclusorios del país, con lo que han empezado procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad, aunque, dijo, desconoce si estas son plenas o con cautelares.

También, según dijo el OVP en X, desde este viernes el Ministerio Penitenciario comenzó a instalar mesas técnicas en algunos recintos carcelarios “para revisar las causas de los detenidos”.

También puede leer: OVP: Presos de varias cárceles del país levantaron la huelga de hambre

Gobierno continúa atención de denuncias de familiares de presos

El Ministerio de Servicios Penitenciarios ha difundido en redes sociales fotografías que muestran al líder de esa cartera de Estado, Julio García Zerpa, nombrado el martes para el cargo, en conversaciones con mujeres y hombres recluidos en los estados Lara) y Carabobo.

Se trata, explicó el Gobierno, del comienzo de un despliegue de atención de las denuncias de los privados de libertad y de sus familiares, algunos de los cuales se han manifestado frente a tribunales para exigir respuesta a los reclamos de los reos.

En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y Defensa Publica se presenten “para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial”, que contemplaba solucionar en 60 días, desde su aprobación, el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció el presidente Nicolás Maduro en 2021.

En el escrito, también se exige “libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal”, así como la de “toda persona mayor de 70 años” y de quienes se encuentren en condiciones de salud “que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión”.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha facilitado más información sobre la situación dentro de las cárceles y ni siquiera ha empleado la palabra “huelga” al hablar de la atención brindada desde el inicio de la protesta.

ACN/MAS/EFE

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