Internacional
Redadas en sitios protegidos y expulsión acelerada de migrantes entre las nuevas medidas de Trump
En Estados Unidos se ha autorizado a las autoridades a ejecutar redadas en sitios protegidos y expulsión acelerada de migrantes. El gobierno del presidente Donald Trump dio vía libre para las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos como escuelas, iglesias y hospitales.
Con esta decisión el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.
La medida da potestad a los agentes de migración para capturar a los que llaman «criminales extranjeros», según indicó el DHS en un comunicado. Sin prueba, la entidad federal se justifica señalando que hay «criminales» que se esconden en las escuelas y las iglesias para evadir ser arrestados.
Expulsión acelerada de migrantes, otra de las medidas de Trump
Asimismo, la Administración de Trump decreta la expulsión acelerada de migrantes. Para ello amplía los poderes de los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas. Nuevas directrices les permite deportar de EE.UU. a inmigrantes indocumentados. Esto bajo el llamado procedimiento de expulsión acelerada, es decir, sin una decisión judicial.
De ese modo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá deportar con mayor rapidez a los inmigrantes que no puedan demostrar que han estado en el territorio estadounidense más de dos años. Anteriormente, esa práctica se implementaba principalmente en los estados del sur, la zona de EE.UU. con un mayor flujo de inmigrantes ilegales. Sin embargo, la nueva normativa permite implementarla en todo el país.
De igual forma, Trump firmó una orden ejecutiva en la que declara una «emergencia nacional» en la frontera entre EE.UU. y México, abriendo el camino al envío de tropas hacia esa zona.
También ordenó revisar el programa de admisión de refugiados para alinearlo mejor con los principios e intereses estadounidenses, así como anular la ciudadanía de forma automática para los hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en Estados Unidos.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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