A propósito del 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos DDHH de las Naciones Unidas, la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, participó por medio de una
derecho de palabra en diferido en el que afirmó que “en lo que va de 2023 se han documentado al menos 300 ataques contra defensores y organizaciones” en el país.

En esta sesión se presentó de forma detallada el 4° informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM).

Dávila hizo mención al caso del estudiante de la Escuela de Antropología de la UCV, John Álvarez, quien fue detenido arbitrariamente el 23 de agosto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y ha sido víctima de torturas y tratos crueles bajo custodia del Estado.

Asimismo, recalcó el caso del profesor Javier Tarazona, director general de la ONG Fundaredes,
quien lleva más de 800 días detenido y su audiencia ha sido diferida en múltiples oportunidades.

La también abogada insistió en que en Venezuela defender los Derechos Humanos resultaba una actividad de “alto riesgo”.

Por lo que exigió a los Estados miembros de este consejo a “aumentar su apoyo para el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los defensores y de la sociedad civil”.

Por último, exigió al Estado venezolano a cesar su criminalización en contra de la sociedad civil, liberar a los presos políticos y cerrar los centros de tortura existentes en el país.

Criminalización de la sociedad civil

Marta Valiñas, presidenta de la FFM, presentó ante todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos algunos hallazgos socializados en el cuarto informe, que menciona cómo “los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificado a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al Gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

Valiñas aseveró que “además de las tácticas de represión implementadas por el Estado a través de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género”.

“La misión amplió el alcance de sus investigaciones para examinar otros métodos de reprimir las críticas al Gobierno”.

Esta Misión también “documentó numerosos casos de represión selectiva de dirigentes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes políticos y sus familiares, así como de represión de instituciones clave de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación”.

Por su parte, Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante ante la ONU, aseguró que en este informe “abunda una vez más la falsificación inescrupulosa de datos. Ya no solo se trata de un tema de ausencia de metodología, se trata de imponer una depravación metodológica que busca ofrecer a las mentiras un suelo de aparente veracidad”.

El diplomático reiteró el firme rechazo del Gobierno venezolano al “trabajo, alegaciones y la existencia de esta Misión”, y cuya afirmación no fue bien recibida por países como Brasil.

Sociedad Civil en defensa de los DDHH

Durante este encuentro, la sociedad civil venezolana demostró que, a pesar de los ataques, las intimidaciones y la persecución estatal, siguen en pie de lucha con su misión de defender los DDHH y denunciar las atrocidades que viven las víctimas.

En este sentido, el director de la ONG Aula Abierta, David Gómez, expresó que en el país “el
cierre del espacio cívico ha alcanzado niveles sin precedentes”.

Para ver la sesión completa del 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, sólo deben acceder a este enlace:

https://media.un.org/en/asset/k10/k10ovka568

Con información de nota de prensa