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Viuda del concejal Fernando Albán pide a la CIDH que haga justicia

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Viuda del concejal Fernando Albán - acn
Meudy Osio, viuda de Albán (centro), teme desaparezcan el cadáver. (Foto: Cortesía EFE)
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Viuda del concejal Fernando Albán pide a la CIDH que haga justicia. Meudy Osio, viuda de Albán, pidió el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «haga justicia» en el caso de su marido.

Solicitó se establezca qué responsabilidad tuvo el Estado venezolano en la muerte de Fernando Alberto Albán Salazar, que ocurrió el 08 de octubre de 2018.

Osio también pidió a la CIDH que interceda para que el Estado venezolano le entregue el cuerpo de su esposo, uno de los fundadores del partido Primero Justicia, y que falleció mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La Fiscalía venezolana asegura que Albán «se suicidó» al tirarse desde un décimo piso del Sebin, pero su familia sostiene que fue arrestado y asesinado por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York el pasado septiembre de 2018.

En declaraciones a EFE, Claudio Grossman, uno de los abogados de Osio, explicó que la familia quiere «lograr que se haga justicia y se establezcan las responsabilidades del Estado de Venezuela«.

Piden una investigación seria

«No podemos aceptar que en las Américas y, en ningún país del mundo, la gente salte del décimo piso de la policía política y no se haga una investigación seria. No se establezcan responsabilidades y se deje a una familia sin el padre, con la señora y los dos hijos. Eso no debe pasar y no es aceptable», dijo contundente.

Grossman, que fue miembro de la CIDH entre 1993 y 2001, también denunció que los abogados que representan a Osio dentro de Venezuela sufren persecución: sus viviendas y oficinas las allanan por «el mero hecho» de pedir un expediente sobre la muerte de Albán.

Técnicamente, los abogados de Osio solicitaron el viernes a la CIDH medidas cautelares. Si se las otorgadan obligarían al régimen venezolano a frenar esos supuestos ataques a los abogados dentro de Venezuela y también forzarían al Estado a investigar la muerte de Albán y a entregar el cuerpo a la familia.

De acuerdo al documento que se presentó ante la CIDH, al que accedió EFE, la familia quiere que el cuerpo lo trasladen a EEUU para poder darle sepultura de acuerdo a sus creencias.

Además, los abogados aseguran que «existe un fundado temor» de que el cuerpo de Albán lo puedan desaparecer para «borrar rastros» y temen que las autoridades venezolanas puedan incluso hacer «desaparecer el cuerpo» con ese mismo objetivo, lo que desembocaría en un mayor daño para sus parientes.

Solicitan medidas cautelares

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), puede pedir a los 35 Estados que se encuentran bajo su competencia la adopción de medidas cautelares para proteger a sus solicitantes ante situaciones de «gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable», según figura en su reglamento.

En repetidas ocasiones, el régimen del usurpador venezolano, Nicolás Maduro, se ha negado a reconocer la competencia de la CIDH porque depende de la OEA, órgano del que Maduro pidió salir en 2017 y cuya retirada se hará efectiva mañana, 27 de abril.

ACN/EFE/Diario Las Américas

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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