Internacional
Siete países de la Unión Europea pidieron las autoridades venezolanas que publiquen las actas de las elecciones en Venezuela
Este sábado 3 de agosto siete países de la Unión Europea (UE) pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen las actas de votación “con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral”.
En esta iniciativa, promovida por Italia y Francia, expresaron la “profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo”.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral”, se lee en el texto firmado por España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal.
Países de la UE solicitan publicación de actas
En la declaración explican que “la oposición indica que ha recogido y publicado más del 80 % de los registros de votación producidos en cada colegio electoral” y que “esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano”.
“Los derechos de todos los venezolanos, en particular de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos”, añaden.
Asimismo, los países firmantes afirmaron que “debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, así como su derecho a protestar y reunirse pacíficamente”.
“Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto con nuestros socios y apoyando el llamamiento del pueblo venezolano en favor de la democracia y la paz”, agrega la declaración.
Días atrás, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la UE no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y “verificado de manera independiente”.
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“El Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación”, dijo Borrell, de visita en Vietnam.
“Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”, añadió durante una rueda de prensa en la capital vietnamita.
Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen “la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales” y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son “radicalmente diferentes” de los anunciados por el CNE.
“La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”, subrayó.
La oposición venezolana no reconoce el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado, tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.
Tras la publicación de los resultados se han producido manifestaciones de protesta que, según el Gobierno venezolano, han dejado a por lo me más de 1.200 detenidos; mientras que la ONG Foro Penal computa desde el lunes hasta las 09.00 hora local (13.00 GMT) de este sábado 891 arrestados, entre ellos 89 adolescentes, además de once civiles muertos y un militar.
Con información de ACN / infobae
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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