Política
Jueces supremos exiliados dicen que Saab no es venezolano y menos diplomático
Alex Saab no es venezolano y menos diplomático, dice el autodenominado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, formado por jueces del TSJ que en su día se exiliaron y se dirigió al juez del caso del empresario chavista Alex Saab en EE.UU. para «aclarar» que, a su juicio, el acusado no es legalmente venezolano y tampoco diplomático.
«La verdad es que el ciudadano Alex Saab no ejerce cargo diplomático, según las leyes de Venezuela y las Convenciones Internacionales en materia consular, tratándose de un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moros y su familia»; dice el TSJ legítimo en una carta al juez Robert N. Scola.
En la carta, a la que tuvo acceso EFE, Antonio José Marval Jiménez y Pedro Troconis Da Silva, que se presentan como presidente y primer vicepresidente del TSJ legítimo, que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela; incluso en 2018 lo condenó por corrupción y lo inhabilitó políticamente, se dirigen «respetuosamente» a Scola.
Alex Saab no es venezolano y menos diplomático
Su objetivo -dicen- es «aclarar las pretendidas manipulaciones hechas por el gobierno de Nicolás Maduro Moros; y sus representantes en defensa de Alex Saab».
Saab fue extraditado a Miami en octubre de 2021 desde Cabo Verde; donde fue detenido a instancias de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero.
Los abogados de Saab, contratados por el Gobierno venezolano, alegan que su detención y el proceso penal en EE.UU. son ilegales pues el empresario nacido en Colombia tiene rango diplomático y por tanto goza de inmunidad; algo que niega la Fiscalía, que representa al Gobierno de EE.UU.
El proceso que se le sigue a Saab en los tribunales federales de Miami está centrado actualmente en dilucidar esa cuestión; pues la Corte de Apelaciones a la que recurrió el empresario para que se le reconociera estatus diplomático dejó el asunto en manos de Scola.
«Es absolutamente incierto que se afirme que el ciudadano Alex Saab es un funcionario diplomático en comisión o de carrera»; apunta Marval antes de exponer los argumentos jurídicos que sustentan su opinión.
Desconoce la inmunidad diplomática
«Esta institución legítima de Venezuela -dice- desconoce la pretendida imposición de inmunidad diplomática y de la nacionalidad venezolana de dicho ciudadano; por no cumplir con el procedimiento legal establecido en la vigente Ley de Nacionalidad y Ciudadanía».
Según la carta, no existe Carta de Naturaleza publicada en la Gaceta Oficial de la República, Saab no está inscrito en el Registro Civil (artículo 11.3,31 y 31); no ha tenido residencia ininterrumpida de diez o cinco años en Venezuela (artículo 21.1) y no se ha seguido el procedimiento de naturalización de un órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía (artículo 3).
«No siendo ciudadano venezolano, menos puede Alex Saab esperar reconocimiento de una condición de diplomático de la República Bolivariana de Venezuela»; subraya el TSJ legítimo.
Marval subraya que Saab ha alegado que la nacionalidad venezolana se la «otorgó Nicolás Maduro como recompensa por sus servicios»: que su trabajo en Venezuela ha sido «negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas la creación de nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados alimentos, medicinas básicas y recambios necesarios para la industria del petróleo».
A juicio del TSJ, con estas argumentaciones «el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros y sus representantes en defensa de Alex Saab intentan lograr un salvoconducto político para un asunto que es competencia estricta de la justicia criminal».
ACN/MAS/EFE
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Política
Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.
El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.
Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.
Rocío San Miguel recibió libertad plena
Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.
Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.
La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.
Años de injusticia
Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.
Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.
Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).
Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.
ACN/MAS/Efecto Cocuyo
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