Internacional
Policía de Brasil vincula a Jair Bolsonaro con un plan golpista contra Lula da Silva

En el marco de las investigaciones que acusan al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros 36 implicados, entre ellos exministros, asesores y militares de alto rango, de los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”, la Policía Federal recopiló pruebas que implican al ex mandatario en una posible trama golpista.
Según la información disponible, a la que tuvo acceso el periódico O Globo, las evidencias señalan reuniones con altos mandos militares, borradores de decretos y planes que incluían el seguimiento y asesinato de figuras clave de la política y el poder judicial.
Uno de los elementos centrales de la investigación es la presentación, por parte de Bolsonaro, de un plan ante los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea.
Vincula a Bolsonaro con plan contra Lula da Silva
Este documento sugería declarar un estado de sitio y crear una comisión para investigar el proceso electoral de 2022. Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmaron la existencia de este plan, presentado en una reunión en el Palacio de Alvorada el 7 de diciembre de 2022, pocos días después de la derrota electoral de Bolsonaro.
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En la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres, las autoridades encontraron borradores de decretos que delineaban intervenciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Uno de estos textos, con fecha de 2022, incluía el nombre de Bolsonaro y preveía acciones como la celebración de nuevas elecciones.
Aunque estos documentos no fueron firmados ni oficializados, se señala que Bolsonaro tuvo conocimiento de ellos y solicitó modificaciones antes de abandonar el poder.
Otro documento, titulado “Daga Verde-Amarela”, detallaba un plan para asesinar a figuras clave como Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Según la investigación, el seguimiento de Alexandre de Moraes, quien desempeñó un papel clave en la supervisión electoral, habría sido dirigido por Mário Fernandes, entonces alto funcionario del gobierno.
La trama incluyó la vigilancia de Moraes por parte de asesores como el teniente coronel Mauro Cid. El objetivo, según la Policía Federal, era secuestrar y posteriormente asesinar al magistrado.
Palacio de Planalto
Los documentos vinculados al plan “Daga Verde-Amarela” fueron impresos directamente en el Palacio de Planalto, utilizando recursos del Estado.
Según la investigación, el general Mario Fernandes realizó seis copias de este material el 16 de diciembre de 2022, que luego habrían sido distribuidas en reuniones privadas.
Un día después, registros muestran que Fernandes acudió al Palacio de Alvorada, donde presumiblemente presentó el contenido a Bolsonaro y otros colaboradores.
Antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió con miembros de su gabinete en el Palacio de Planalto para discutir estrategias en caso de una derrota.
Durante este encuentro, el general Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, argumentó que era necesario “cambiar la situación” antes de los comicios. En tanto, Mário Fernandes sugirió tomar “un pequeño riesgo de desorganizar el país” si no se autorizaba la intervención de los tres Poderes en la supervisión electoral.
El Partido Liberal (PL), bajo liderazgo de Bolsonaro, jugó un papel clave en la propagación de narrativas sobre supuestos fraudes en las urnas electrónicas.
Estas acusaciones culminaron en una demanda presentada en noviembre de 2022 que buscaba invalidar los resultados electorales. Paralelamente, el comité de campaña de Bolsonaro fue utilizado por aliados para promover acciones que alentaban una intervención militar.
Estas pruebas, recopiladas durante casi dos años, apuntan a una red de acciones coordinadas desde los niveles más altos del gobierno de Bolsonaro, lo que subraya la profundidad de los intentos por desestabilizar la democracia brasileña. Las autoridades avanzan en el análisis de los hechos, que podrían derivar en nuevas imputaciones contra el ex presidente y su entorno.
Con información de ACN / infobae
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Internacional
Tribunal colombiano habría ordenado embargo de cuentas de empresas de Álex Saab

Medios internacionales informaron de un presunto embargo millonario a cuentas del empresario colombo-venezolano Álex Saab y a varias de sus empresas con operaciones en Colombia.
Según informó el medio El Colombiano, un juzgado civil de Barranquilla ordenó el embargo de más de 831 millones de pesos a las cuentas del también ministro de Industria venezolano, La decisión judicial incluye a las sociedades Shatex y Jacadi de Colombia, así como a la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, exesposa de Saab, quien figuraba como subgerente en una de las firmas embargadas.
“Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Morán y Cynthia Eugenia Certain Ospina”, ordena el fallo. El mismo limita la medida cautelar a una suma exacta de 831’249.994 pesos, correspondiente al valor de la liquidación del crédito.
Embargos a cuentas de Saab
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias advirtió que “dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables. Y estos no excedan los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, de acuerdo con el fallo.
Así mismo, ordenó que los dineros retenidos sean consignados en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo la custodia de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
En mayo de 2024, un tribunal de primera instancia absolvió a Saab de varios cargos, entre ellos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelará la decisión, alegando que existen pruebas suficientes que vinculan al empresario con la creación de compañías fachada para mover fondos ilícitos. Según el ente acusador, estas empresas mostraron un crecimiento inusual de 923% en sus movimientos financieros.
A comienzos de 2025, un juez ordenó devolverle a Saab una mansión ubicada en el norte de Barranquilla, incautada en 2021 por la Fiscalía. No obstante, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la propiedad seguirá bajo su control hasta que emitan una sentencia definitiva.
Con información de: El Colombiano / El Nacional
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