Internacional
Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que Google venda su navegador Chrome
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez que ordene a Google la venta de su navegador Chrome. Esto como parte de una importante ofensiva antimonopolio contra el gigante tecnológico.
La solicitud del Departamento de Justicia y un grupo de estados abre la puerta a las sanciones antimonopolio más significativas para un gigante tecnológico en una generación, apuntando no solo al monopolio ilegal de Google en la búsqueda, sino también a sus crecientes ambiciones en inteligencia artificial.
Las medidas propuestas por el Departamento de Justicia son:
Venta de Chrome: Google deberá vender su navegador web a un comprador aprobado por el gobierno.
Prohibición de acuerdos de búsqueda predeterminada: Se prohibirá a Google establecer acuerdos para ser el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos.
Restricciones en Android: Google no podrá explotar su sistema operativo Android para favorecer su motor de búsqueda.
Fin de los pagos a socios: Google deberá dejar de pagar a empresas como Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado en sus navegadores.
Prohibición de entrada en el mercado de navegadores: Google no podrá volver a entrar en el mercado de navegadores durante 5 años.
En agosto, un juez federal dictaminó que Google violó la ley antimonopolio en el mercado de las búsquedas en línea. Esta nueva petición del Departamento de Justicia busca reestructurar el negocio de Google para fomentar la competencia.
De ser aprobada, esta medida marcaría un cambio significativo en la forma en que las autoridades estadounidenses abordan el poder de los gigantes tecnológicos. La última vez que se intentó algo similar fue con Microsoft hace 20 años.
Se espera que el juez dicte sentencia en agosto de 2025, después de escuchar a ambas partes en una audiencia especial en abril.
Con información de: Dolartoday / CNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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