Internacional
Policía de Brasil vincula a Jair Bolsonaro con un plan golpista contra Lula da Silva
En el marco de las investigaciones que acusan al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros 36 implicados, entre ellos exministros, asesores y militares de alto rango, de los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”, la Policía Federal recopiló pruebas que implican al ex mandatario en una posible trama golpista.
Según la información disponible, a la que tuvo acceso el periódico O Globo, las evidencias señalan reuniones con altos mandos militares, borradores de decretos y planes que incluían el seguimiento y asesinato de figuras clave de la política y el poder judicial.
Uno de los elementos centrales de la investigación es la presentación, por parte de Bolsonaro, de un plan ante los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea.
Vincula a Bolsonaro con plan contra Lula da Silva
Este documento sugería declarar un estado de sitio y crear una comisión para investigar el proceso electoral de 2022. Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmaron la existencia de este plan, presentado en una reunión en el Palacio de Alvorada el 7 de diciembre de 2022, pocos días después de la derrota electoral de Bolsonaro.
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En la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres, las autoridades encontraron borradores de decretos que delineaban intervenciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Uno de estos textos, con fecha de 2022, incluía el nombre de Bolsonaro y preveía acciones como la celebración de nuevas elecciones.
Aunque estos documentos no fueron firmados ni oficializados, se señala que Bolsonaro tuvo conocimiento de ellos y solicitó modificaciones antes de abandonar el poder.
Otro documento, titulado “Daga Verde-Amarela”, detallaba un plan para asesinar a figuras clave como Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Según la investigación, el seguimiento de Alexandre de Moraes, quien desempeñó un papel clave en la supervisión electoral, habría sido dirigido por Mário Fernandes, entonces alto funcionario del gobierno.
La trama incluyó la vigilancia de Moraes por parte de asesores como el teniente coronel Mauro Cid. El objetivo, según la Policía Federal, era secuestrar y posteriormente asesinar al magistrado.
Palacio de Planalto
Los documentos vinculados al plan “Daga Verde-Amarela” fueron impresos directamente en el Palacio de Planalto, utilizando recursos del Estado.
Según la investigación, el general Mario Fernandes realizó seis copias de este material el 16 de diciembre de 2022, que luego habrían sido distribuidas en reuniones privadas.
Un día después, registros muestran que Fernandes acudió al Palacio de Alvorada, donde presumiblemente presentó el contenido a Bolsonaro y otros colaboradores.
Antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió con miembros de su gabinete en el Palacio de Planalto para discutir estrategias en caso de una derrota.
Durante este encuentro, el general Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, argumentó que era necesario “cambiar la situación” antes de los comicios. En tanto, Mário Fernandes sugirió tomar “un pequeño riesgo de desorganizar el país” si no se autorizaba la intervención de los tres Poderes en la supervisión electoral.
El Partido Liberal (PL), bajo liderazgo de Bolsonaro, jugó un papel clave en la propagación de narrativas sobre supuestos fraudes en las urnas electrónicas.
Estas acusaciones culminaron en una demanda presentada en noviembre de 2022 que buscaba invalidar los resultados electorales. Paralelamente, el comité de campaña de Bolsonaro fue utilizado por aliados para promover acciones que alentaban una intervención militar.
Estas pruebas, recopiladas durante casi dos años, apuntan a una red de acciones coordinadas desde los niveles más altos del gobierno de Bolsonaro, lo que subraya la profundidad de los intentos por desestabilizar la democracia brasileña. Las autoridades avanzan en el análisis de los hechos, que podrían derivar en nuevas imputaciones contra el ex presidente y su entorno.
Con información de ACN / infobae
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Internacional
Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y turismo de parto
El presidente Donald Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y limitar el llamado turismo de parto, tras calificar de “muy desafortunada” una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que este año anuló su intento anterior de restringir ese derecho.
Trump firmó ayer jueves 6 de agosto decretos sobre el tema que, al parecer, endurecen principalmente leyes ya vigentes y restringen las excepciones reconocidas.
Se trata de un intento aparentemente más limitado que el de un decreto firmado por Trump el año pasado, con el cual buscaba eliminar de manera general el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema rechazó esa medida en junio con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
“Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval este jueves.
Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento…
Uno de los decretos firmados por Trump el miércoles está dirigido contra los “extranjeros enemigos”, los miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que cabildean o actúan en nombre de gobiernos extranjeros. Los hijos de personas pertenecientes a esos grupos no serían elegibles para recibir la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas inmigratorias del Gobierno.
El segundo decreto se centra en el llamado “turismo de parto”, un tema prioritario para quienes defienden políticas inmigratorias más restrictivas. La legislación estadounidense ya prohíbe obtener una visa “con el propósito principal de conseguir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en Estados Unidos”.
Miller describió el decreto como una prohibición del turismo de parto, aunque no está claro qué añadiría a lo que ya establece la legislación estadounidense. Axios fue el primer medio en informar sobre los decretos.
Corte Suprema incluyó una firme defensa
La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio incluyó una firme defensa de la ciudadanía por nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo. Los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país, determinó la corte, incluso si sus padres se encuentran en él de manera temporal o sin autorización legal.
Una mayoría de cinco jueces sostuvo que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza ese derecho. Varios jueces conservadores expresaron su desacuerdo y argumentaron que la decisión no impedía el tipo de turismo de parto que Trump había intentado frenar inicialmente.
Un sexto juez, Brett Kavanaugh, concluyó que el decreto inicial de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento estaba prohibido por la legislación federal, no por la Decimocuarta Enmienda.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.
La corte reconoce desde hace tiempo algunas excepciones a la regla y volvió a hacerlo en su trascendental decisión de este verano. Sin embargo, esas excepciones se limitan a los hijos de diplomáticos y de “enemigos” nacidos durante una “ocupación hostil”.
Interpretación
Aun así, varios integrantes del sector conservador de la corte afirmaron entonces que la decisión del 30 de junio permitiría el tipo de turismo de parto que preocupaba a Trump.
“La corte ha reinterpretado la Decimocuarta Enmienda para proteger un conjunto de derechos de su preferencia que el Congreso de la Reconstrucción nunca contempló y que no encuentra respaldo en el texto”, escribió el juez Clarence Thomas en su voto disidente. “Hoy, la corte vuelve a hacerlo al reconocer un derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos de todas las personas extranjeras que practican el turismo de parto y de los inmigrantes indocumentados”.
Solo otro integrante de la corte, el juez Neil Gorsuch, se sumó a esa opinión.
“Según la interpretación que hoy hace la corte, la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a prácticamente toda persona que nazca en este país, incluidos los hijos de las ‘turistas de parto’, mujeres que vienen aquí exclusivamente para dar a luz y luego regresan de inmediato a sus países”, escribió el juez Samuel Alito en un voto disidente individual.
ACN/MAS/CNN
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