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Jair Bolsonaro el tercer expresidente brasileño que es inhabilitado

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Jair Bolsonaro -acn
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Jair Bolsonaro se convirtió este viernes en el tercer expresidente brasileño inhabilitado para disputar cargos electivos o ejercer cargos públicos, después de que condenara la Justicia electoral por abusos de poder en los comicios de 2022.

Con esa decisión y a falta de agotar todos los recursos, el líder ultraderechista, de 68 años, no podrá disputar ninguna elección durante los próximos ocho años.

El Tribunal Superior Electoral, por 5 votos a favor y 2 votos en contra, le condenó por valerse de su posición de jefe de Estado (2019-2022) «para degradar el ambiente electoral» y crear un estado de «paranoia colectiva» con «informaciones falsas» y «mentiras atroces».

Bolsonaro se suma así a otros dos exjefes de Estado brasileños que también despojados en algún momento de sus derechos políticos desde el restablecimiento de la democracia, en 1985.

El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también lo declararon inelegible, pero por un motivo distinto.

Jair Bolsonaro,  inhabilitado

En 2018, el dirigente progresista lo condenaron en segunda instancia a 12 años y 1 mes de cárcel por un caso de corrupción.

Esa sentencia le encuadró en la llamada «Ley de Ficha Limpia», que impide a condenados en segunda instancia concurrir a cargos electivos.

El Partido de los Trabajadores (PT) intentó postularle como candidato presidencial en los comicios de 2018, que ganaría Bolsonaro, pero la Justicia electoral rechazó su registro al estar condenado en un tribunal de apelación.

Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema anuló esa y otra condena por corrupción contra Lula, un fallo que le permitió recuperar sus derechos políticos y presentarse a las presidenciales de 2022, que ganaría ante Bolsonaro por un estrecho margen.

El otro expresidente inhabilitado es Fernando Collor (1990-1992), quien durante su mandato lo acusaron de participar en una trama corrupta, lo que desencadenó que el Congreso pusiera en marcha un juicio político con fines de destitución en su contra.

En un contexto de grave crisis económica, Collor renunció con el objetivo de evitar ser destituido por el Congreso y mantener sus derechos políticos, pero, pese a dejar la Presidencia, el Senado aprobó su inhabilitación durante ocho años.

para el 2006 se presentó en las elecciones al Senado y consiguió un escaño por el estado de Alagoas.

En mayo pasado, el Supremo lo condenó a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir sobornos entre 2010 y 2014, mientras ejercía como senador.

Collor espera en libertad la resolución de los recursos presentados por su defensa.

El partido de Lula celebra la sentencia a Bolsonaro

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este viernes la pérdida de los derechos políticos del exgobernante Jair Bolsonaro como una condena a «los métodos de la ultraderecha».

Al líder ultraconservador  lo declararon «inelegible» por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por una dura campaña contra el sistema electrónico de votación y la propia democracia, en el marco del proceso que llevó a Lula al poder, en los comicios de octubre del año pasado.

Según Hoffmann, esa decisión «tiene una enorme forma didáctica» y «condena los métodos de la extrema derecha», «la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral».

Para la presidenta del PT, se trata de un «gran día», frase que usaba Bolsonaro para celebrar sus logros, y demuestra que «la defensa de la democracia y el enfrentamiento al fascismo permanecen en el orden del día» de la sociedad brasileña.

Con información de EFE

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Internacional

La ley marcial impuesta en Corea del Sur duró menos de seis horas (+Video)

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La ley marcial en Corea del Sur dura menos de seis horas -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía Video Youtube
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La ley marcial impuesta por el presidente de Corea del Sur, el conservador Yoon Suk Yeol, duró menos de seis horas, al confirmarse que fue levantada por el mandatario, después de que el Parlamento votó en su contra durante la madrugada.

El líder surcoreano había justificado la medida acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte, de conspirar para destituirlo y paralizar a su Gobierno usando el control del Parlamento. Los 190 diputados presentes en la Cámara durante la noche votaron en contra de la ley.

Las tropas, que entraron justo después del anuncio presidencial, se retiraron del Parlamento tras el bloqueo de los legisladores.

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-Shik, notificó el resultado de la votación oficialmente a la oficina del presidente y al Ministerio de Defensa, pero Yoon tardó en reaccionar. La Constitución del país ordena al presidente que levante la ley marcial en caso de que lo diga el Parlamento.

El propio partido gobernante le instó a que lo hiciera rápidamente. El líder de la oposición, Lee Jae-Myung, afirmó que cualquiera que actuara bajo las órdenes del presidente infringiría la ley, porque la ley marcial no era válida.

Manifestantes se lanzaron a las calles de Seúl

Cientos de manifestantes se lanzaron a las calles de Seúl y se presentaron en las puertas del Parlamento. Algunos de ellos trataron de entrar en el edificio, algo que han impedido las fuerzas de seguridad. «¡Fin de la ley marcial! Fin de la ley marcial!», coreaban los manifestantes.

La ley marcial decretada por Yoon no tenía relación directa con una amenaza inminente del vecino del Norte. Se trataba de una batalla política interna. Yoon culpó a la oposición de intentar una rebelión, en complot con Pyongyang, para derrocarlo.

Durante su anuncio televisado, Yoon prometió «erradicar a las fuerzas pronorcoreanas y proteger el orden democrático constitucional». El líder también vinculó a la oposición con «actividades antiestatales».

La agencia de noticias Yonhap citó a militares surcoreanos -las fuerzas armadas quedaban a disposición del Gobierno.  Explicó que las actividades legislativas iban a a quedar paralizadas y que los medios estarían bajo el control de un «comando de la ley marcial». Una ley marcial también prohíbe las protestas públicas.

Con información de ACN/NT

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