Recientemente, fueron imputados dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por el homicidio y anterior tortura del Capitán Rafael Acosta Arévalo.

Vale recordar sobre el caso, que la muerte del Capitán ocurrió en junio de 2019; luego de que se desplomó ante un juez cuando estaba en su presentación, acusado de conspiración por la administración de Nicolás Maduro.

Asimismo, luego de un año y cuatro mes del hecho, este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); había ordenado la «reposición del proceso judicial en contra de Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto».

A raíz de lo antes descrito, el TSJ anuló la acusación en contra de los militares; que había emitido el Ministerio Público (MP); así como suspendió cualquier acto procesal.

Dos DGCIM imputados por homicidio de Capitán Acosta Arévalo

Sobre este caso, el TSJ alegó mediante una sentencia que se observaron varias irregularidades en el proceso; «hubo actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial y a los derechos de la víctima del delito».

Sobre los imputados por el homicidio del Capitán Acosta, miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); publicó esa información en su cuenta en Twitter.

En el post agregó, que la decisión evidencia tres aspectos importantes e irregulares en el proceso. El primero,  “la complicidad en la primera imputación del Ministerio Público y, en particular; de quien ejerce funciones de fiscal general (Tarek William Saab), donde hubo el firme propósito de garantizar impunidad en un caso de grave; violación a los derechos humanos”.

Como segundo punto, explicaron que «la complicidad del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, quien guardó silencio; ante la imputación y posteriormente ante la sentencia, cuando era su obligación haber impugnado ese proceso; en el que además no se aplicaba la ley contra la tortura».

En el último aspecto, señalaron que se “demuestra en esta nueva imputación la fuerza del informe; de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también del informe de Amnistía Internacional sobre el caso del capitán. Las evidencias contundentes obligaron al TSJ a revisar la sentencia».

Lo que no dijo hoy el Fiscal Impuesto por la Constituyente Tarek William Saab en el caso del asesinato mediante tortura del Capitán Rafael Acosta Arévalo:
1. Por cuáles motivos en la primera imputación no se aplicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. pic.twitter.com/MOxu9C3W4u

— PROVEA (@_Provea) October 23, 2020

«Actuaron a complacencia»

Basado en lo antes expuesto, la organización Provea manifestó sobre los dos imputados por el homicidio del Capitán Acosta; que «ambos presuntos autores materiales muy posiblemente actuaron con la orden o complacencia de altas autoridades de la Dgcim«.

Respecto a ello, también exigen que se investigue toda la cadena de mando de las fuerzas de seguridad en el país.

Aunado a eso, Provea aseguró en sus publicaciones que «el asesinato mediante tortura del capitán Acosta Arévalo; fue resultado de una estructura criminal que convirtió las violaciones graves a los derechos humanos en una política de Estado; a tal nivel que hay motivos razonables para considerar que se han cometido delitos de lesa humanidad«.

Con información: ACN/El Nacional/Foto: Cortesía/VOA

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