Internacional
Fiscal argentina pide profundizar investigación a tripulación de avión retenido
Una fiscal de Argentina pidió ahondar investigación a la tripulación del avión venezolano-iraní retenido en el país sureño con el fin de establecer eventuales vínculos con el terrorismo; informaron a Efe fuentes judiciales.
En un dictamen presentado ante el juez federal Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona señala que de la investigación realizada hasta ahora surgieron «varios rastros» que «imponen la necesidad» de proseguir la investigación respecto del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi; de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga.
La aeronave llegó a Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires; pero debió hacer antes una escala en el aeropuerto argentino de Córdoba por razones climáticas.
Fiscal de Argentina pidió ahondar investigación
El 8 de junio despegó de Ezeiza para ir a Uruguay a cargar combustible; pero aterrizó nuevamente en el principal aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
La aeronave fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur; filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
El juez Villena retiró los pasaportes a la tripulación -cinco iraníes y catorce venezolanos- e incautó el avión.
Terrorrismo
En su dictamen, la fiscal Incardona observa que el FBI informó que el piloto del avión es director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air; empresa que proporciona asistencia a la fuerza Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán- y a Mahan Air, las cuales han sido calificadas como «entidades terroristas».
Para la fiscal, se debe indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a Argentina fue exclusivamente para transportar partes y piezas para automóviles; si estuvo eventualmente orientado a un «acto de preparación para proveer bienes o dinero» que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo.
Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave; corroborar si Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con el avión.
Para la fiscal, también existen «inconsistencias» en la información respecto de quienes componen la tripulación; pidió que se profundice la investigación sobre este aspecto.
También solicito indagar aún más por el contenido de la carga; con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión.
La fiscal sugirió al juez ordenar once nuevas medidas de prueba, entre ellas solicitar a los Estados Unidos que manifieste si Ghasemi está siendo investigado en algún proceso en ese país; en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación, y si sobre el avión pesa o no un embargo o restricción formal.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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