Internacional
Fiscal argentina pide profundizar investigación a tripulación de avión retenido
Una fiscal de Argentina pidió ahondar investigación a la tripulación del avión venezolano-iraní retenido en el país sureño con el fin de establecer eventuales vínculos con el terrorismo; informaron a Efe fuentes judiciales.
En un dictamen presentado ante el juez federal Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona señala que de la investigación realizada hasta ahora surgieron «varios rastros» que «imponen la necesidad» de proseguir la investigación respecto del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi; de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga.
La aeronave llegó a Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires; pero debió hacer antes una escala en el aeropuerto argentino de Córdoba por razones climáticas.
Fiscal de Argentina pidió ahondar investigación
El 8 de junio despegó de Ezeiza para ir a Uruguay a cargar combustible; pero aterrizó nuevamente en el principal aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
La aeronave fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur; filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
El juez Villena retiró los pasaportes a la tripulación -cinco iraníes y catorce venezolanos- e incautó el avión.
Terrorrismo
En su dictamen, la fiscal Incardona observa que el FBI informó que el piloto del avión es director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air; empresa que proporciona asistencia a la fuerza Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán- y a Mahan Air, las cuales han sido calificadas como «entidades terroristas».
Para la fiscal, se debe indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a Argentina fue exclusivamente para transportar partes y piezas para automóviles; si estuvo eventualmente orientado a un «acto de preparación para proveer bienes o dinero» que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo.
Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave; corroborar si Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con el avión.
Para la fiscal, también existen «inconsistencias» en la información respecto de quienes componen la tripulación; pidió que se profundice la investigación sobre este aspecto.
También solicito indagar aún más por el contenido de la carga; con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión.
La fiscal sugirió al juez ordenar once nuevas medidas de prueba, entre ellas solicitar a los Estados Unidos que manifieste si Ghasemi está siendo investigado en algún proceso en ese país; en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación, y si sobre el avión pesa o no un embargo o restricción formal.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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