Internacional
Juez en Miami condena a «enfermera de Chávez» y su esposo por lavado

La «enfermera de Chávez» dice no tener información para «colaborar» con EEUU- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz Guillén pidió «compasión» al juez que le impondrá sentencia por lavado de dinero este miércoles 19 de abril, en una declaración en la que dice que le gustaría «colaborar» con EE.UU. pero no poder hacerlo por carecer de la información que ellos buscan.
La declaración fue incorporada al registro judicial del caso poco antes de la audiencia judicial en la que serán sentenciados ella y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, en Miami, que luego recibieron 15 años de cárcel por lavado de dinero.
Según dice, decidió hace este escrito por miedo a que sus palabras no sean traducidas correctamente durante la audiencia.
«Enfermera de Chávez» dice no tener información…
«Estoy aquí hoy como una mujer derrotada. Mi familia y yo hemos vivido bajo la amenaza de muerte, cárcel y tortura por más de diez años. Mis hijos han perdido a ambos padres en la tierna edad de 14 y 4», comienza el escrito de la llamada «enfermera» de Hugo Chávez.
Ella y su esposo, que fueron extraditados desde España en 2022, fueron muy cercanos al que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 y dejaron el país y se trasladaron a España porque, según alega, sufrían persecución de parte del actual mandatario, Nicolás Maduro.
En 2022 fueron declarados culpables de cargos de lavado de dinero por un jurado de Fort Lauderdale (Florida) y enfrentaban la posibilidad de penas de más de 20 años de cárcel.
Condenados a 15 años por lavado de dinero
La «enfermera de Chávez» dice no tener información. Claudia Díaz Guillén fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos que le pagó un empresario multimillonario mientras ella se desempeñaba como tesorera del país sudamericano.
El juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de Claudia Díaz Guillén en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a ella y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.
La fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más de 19 para su esposo, Adrián Velasquez. La defensa de Díaz buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.
Velasquez fue condenado el miércoles también a 15 años de prisión.
Dice que «pecó de ingenua»
La Fiscalía dice que hicieron una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba el cargo de ella para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
En el escrito Díaz Guillén dice que pecó de «ingenua» al aceptar ese cargo, que ejerció de 2011 a 2013, aparte de señalar las graves consecuencias que tendrá para su hijos y su madre el encarcelamiento de ella y su esposo en EE.UU.
«Con todo este sufrimiento y la devastadora pérdida de mis hijos y mi familia, afirmo ante este tribunal que si pudiera cooperar con las autoridades estadounidenses, lo haría. Sin embargo, como les dije repetidamente a los fiscales, no tengo la información que ellos están buscando».
«No me asocié con las personas de las que quieren información», señala sin dar detalles sobre esos supuestos requerimientos de la Fiscalía.
Dimitió «por cuestiones políticas»
Díaz Guillen dijo que trabajó para el Gobierno durante 22 años y se vio obligada a dimitir por «cuestiones políticas».
«Mi marido fue expulsado de la país bajo amenaza de muerte. Nuestra propiedad fue confiscada. Los miembros de nuestra familia fueron torturados por la política. Fui tesorero durante 2 años de 22 años carrera de Gobierno. Si hubiera sabido que todo esto sucedería, no habría aceptado el puesto», señala.
Según Díaz Guillén, asumió con «la intención de arreglar los problemas en el Tesoro. Quería que Venezuela ganara dinero y gané dinero para el país como tesorera».
En el escrito cuenta sus penurias en las cárceles de Florida y afirma que es «una persona muy espiritual y religiosa» que ha formado grupos de oración en prisión y tratado de actuar como un consejero espiritual.
ACN/MAS/Agencias
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Internacional
Extraditan a Estados Unidos uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscado por las autoridades

Extraditaron al narcotraficante guatemalteco Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, señalado como uno de los más importantes de Centroamérica y pieza clave en el tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos.
La entrega del presunto capo la confirmó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien destacó la cooperación trilateral entre Guatemala, México y Estados Unidos.
A Samayoa lo capturaron el pasado 11 de marzo en territorio mexicano, como resultado de una operación conjunta entre las agencias de seguridad de los tres países.
“Ha sido ya deportado hacia los Estados Unidos (…) para enfrentar la justicia por los cargos de narcotráfico”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa. Arévalo también expresó su expectativa de que el detenido colabore con la justicia norteamericana. “Esperamos que pueda compartir muchísima información que seguramente servirá para continuar luchando contra este flagelo”.
Deportado capo guatemalteco a EEUU
Según el Ministerio de Gobernación, Samayoa era el jefe máximo del cartel guatemalteco Los Huistas, una organización criminal con raíces en Huehuetenango, departamento fronterizo con México.
Desde allí habría coordinado el tráfico de toneladas de cocaína con destino a los principales cárteles mexicanos.
La Fiscalía guatemalteca detalló que el extraditado era requerido por la Corte del Distrito de Columbia por el delito de conspiración para traficar drogas a gran escala.
La extradición más importante en décadas
La embajada de Estados Unidos, por su parte, calificó la entrega como “la extradición más importante en décadas” y confirmó que Samayoa ya está bajo custodia federal en su territorio.
En 2022, Estados Unidos había sancionado económicamente a varios miembros de Los Huistas, lo que aumentó la presión internacional sobre el grupo y su líder.
Las autoridades estadounidenses estiman que cerca del 90% de la cocaína que llega a su país transita por corredores que incluyen Centroamérica y México.
En este esquema, organizaciones como Los Huistas juegan un papel fundamental como intermediarios entre los productores sudamericanos y los cárteles mexicanos que distribuyen la droga hacia el norte.
El tráfico de estupefacientes, sumado al lavado de dinero y al control territorial ejercido por estas redes, está considerando como uno de los principales factores detrás del aumento de la violencia criminal en la región centroamericana.
Con información de: RCN
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