Internacional
EE.UU. amenazó a Venezuela con más sanciones: “Está obligada a aceptar a sus ciudadanos”
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, amenazó este martes al Gobierno de Venezuela con imponer más sanciones a ese país si no recibe un flujo constante de vuelos de deportación, “sin más excusas ni demoras”. Indicó además que “Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación”.
“A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones severas y crecientes”, dijo Rubio en su cuenta de la red social X.
El pasado 10 de febrero llegaron a Venezuela los dos primeros vuelos con venezolanos deportados desde Estados Unidos a Caracas. “Acaba de aterrizar el primer avión de la línea aérea bandera de Venezuela Conviasa para traer de manera segura, amorosa, apropiada, digna, a este primer grupo de retornados a Venezuela”, dijo Nicolás Maduro en su momento.
EE.UU. fijó el 3 de abril como fecha límite
No obstante, el pasado 10 de marzo, el Gobierno venezolano ordenó detener los vuelos de repatriación directa desde EE.UU. luego de la decisión del presidente Donald Trump de revocar la licencia de Chevron Corp. (CVX) para operar en el país sudamericano.
El Gobierno de EE.UU. fijó el 3 de abril como fecha límite para que la petrolera finalice sus operaciones en Venezuela, acortando así el período de reducción gradual de seis meses.
La administración del presidente Donald Trump deportó a El Salvador a 238 venezolanos durante el fin de semana, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
“Recurriremos a todos los países y relaciones bilaterales»
Los deportados se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados en el llamado Centro de Confinamiento de Terrorismo de El Salvador, en virtud de un acuerdo alcanzado entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente Nayib Bukele.
En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, dijo que Venezuela hará todo “lo esté en sus manos” para liberar a cientos de los ciudadanos deportados.
“Recurriremos a todos los países y relaciones bilaterales, a estrategias jurídicas”, aseguró Rodríguez en una conferencia de prensa el lunes. “Hablaremos hasta con el diablo para que los venezolanos sean devueltos a sus casas”, añadió.
El presidente tiene la autoridad constitucional
El sábado, Trump tomó medidas para acelerar las deportaciones, invocando poderes rara vez utilizados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto empleado anteriormente para justificar el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
El Gobierno Trump insistió el lunes en que no había desafiado a un tribunal, alegando que la orden judicial de detener el vuelo a El Salvador se emitió después de que los migrantes ya habían abandonado territorio estadounidense. La Casa Blanca afirmó que el presidente tiene la autoridad constitucional para dirigir los asuntos exteriores y “repeler una invasión declarada”.
Con información de ACN/BL
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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