Internacional
Pablación venezolana en Colombia creció 34% desde agosto de 2021

Las autoridades migratorias informaron este martes 19 de julio que ya son casi 2,5 millones de venezolanos viven en Colombia; de los cuales el 96% han regularizado su situación y están en trámite de ello y apenas 300.000 siguen irregulares.
El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró en una rueda de prensa que el número de ciudadanos venezolanos en Colombia creció en un 34%, respecto a la última radiografía presentada por la entidad en agosto de 2021.
Entre ese registro y el de febrero de 2022, cuando se notificaron 2.477.588 venezolanos en el país; se notificó una variación de 635.198 personas.
Las autoridades migratorias destacaron la buena implementación del Estatuto Temporal de Protección; anunciado a principios del año pasado, y que pretendía la regularización de los casi 2 millones de venezolanos de los que había constancia entonces.
Casi 2,5 millones de venezolanos viven en Colombia
Espinosa aseguró que gracias a este estatuto, Colombia pasó de tener cerca de un 60% de migrantes venezolanos en situación irregular a menos de un 12%; «un verdadero logro y ejemplo en materia migratoria», apuntó la organización en un comunicado.
Hasta el momento, ya hay regularizadas 333.806 personas y más de 1,2 millones están en proceso de ello; mientras que algo más de 600.000 tienen autorización para entrar en el estatuto.
75% entre mujeres y menores
El 51% de los venezolanos en Colombia son mujeres y el porcentaje de menores «sería cercano al 15% del total, es decir más de 600.000», informó Migración.
El Estatuto Especial de Protección permite que los venezolanos que se acojan a él tener acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano; entre ellos la vacunación contra la covid-19 o la posibilidad de sacar una licencia de conducción.
La tarjeta del Estatuto de Protección, que se empezó a emitir el pasado 13 de octubre, permitirá, en teoría, mayor facilidad para acceder a contratos laborales; a las entidades de salud o a los servicios bancarios.
El anterior sistema, llamado Permiso Especial de Permanencia (PEP) era un documento físico que muchos bancos y empresas no aceptaban por su facilidad de falsificación.
Al estatuto se pueden acoger todos los migrantes venezolanos que hayan entrado al país antes de enero de 2021; pero también busca «desincentivar la irregularidad» y con ello podrán acceder además quienes ingresen al país en los dos primeros años de vigencia de forma regular, es decir, con un sello en el pasaporte.
ACN/MAS/Agencias
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Internacional
A prisión Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez en España

Cerdán ingresará en la prisión de Soto del Real (Madrid). Todas las acusaciones han solicitado cárcel excepto la Asociación ADADE, que es el brazo judicial de los socialistas y está personado en la causa.
El juez actuó «a petición del fiscal anticorrupción», que solicitó la medida ante el «riesgo de fuga y de destrucción de pruebas», agregaron las fuentes.
Un informe policial conocido hace dos semanas encontró «consistentes indicios» de que Cerdán formaría parte de una trama que recibía dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.
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A prisión Santos Cerdán
Este caso es un duro golpe para Pedro Sánchez, a quien la oposición pide la dimisión, ya que también involucra al exministro y antigua mano derecha del dirigente socialista, José Luis Ábalos, y a un cercano asesor de este último, Koldo García.
«Máxima colaboración, respeto, lógicamente, a la justicia y a su trabajo», agregó Sánchez, quien en días pasados pidió «perdón» en varias ocasiones, asegurando que desconocía cualquier irregularidad.
Un auto judicial, que ordenó a la Guardia Civil un ingreso a la sede central en Madrid del PSOE para clonar el contenido de la cuenta de correo electrónico de Cerdán, indicaba que el exnúmero tres del partido podría haber sido «quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes» de la trama «las cantidades recaudadas».
Las recientes revelaciones han sido particularmente dañinas para Pedro Sánchez, quien accedió al poder en 2018 gracias a una moción de censura lanzada tras un escándalo de corrupción que implicaba al Partido Popular (derecha).
Sánchez, quien enfrenta la peor crisis política desde su llegada, ha descartado dimitir o convocar elecciones anticipadas debido al escándalo, y niega que su partido haya recibido financiación ilegal.
Investigan sí hay más involucrados
El Tribunal Supremo sostiene que «más personas, físicas o jurídicas», además de éste primero, el exministro José Luis Ábalos, o su exasesor Koldo García «pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones» de obra pública.
Esta es la razón por la cual magistrado Leopoldo Puente acordó prisión provisional y sin fianza para Cerdán, a quien considera como el encargado de pedir a «las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas» y luego repartirlas entre la trama.
El instructor afirma que «el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas».
«En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones –porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes– dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García», destaca.

Santos Cerdán.
«Pudieron haberse lucrado»
Para el instructor, «ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones». «Eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento», advierte.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que Cerdán negaron cualquier implicación en la presunta trama, negando también pagos al PSOE, al tiempo que aseguró que su irrupción en la causa es fruto de una cacería política por ser «el arquitecto» de los gobiernos progresistas.
ACN/MAS/AFP/Europa Press
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