Internacional
Como un hecho histórico, Australia lanza proyecto que prohíbe a niños uso de redes sociales

La Cámara de Representantes de Australia aprobó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe a los niños menores de 16 años usar las redes sociales. El Senado será el encargado de tomar la decisión final de lo que sería la primera ley de este tipo en el mundo.
Los principales partidos respaldaron el proyecto de ley que haría que plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram sean responsables de multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallas sistémicas para evitar que los niños pequeños tengan cuentas.
La legislación tuvo 102 votos a favor y 13 en contra. Si el proyecto se convierte en ley esta semana, las plataformas tendrían un año para determinar cómo implementar las restricciones de edad antes de que se apliquen las sanciones.
Ley que prohibirá uso de redes en niños
El diputado de la oposición Dan Tehan dijo al Parlamento que el gobierno había acordado aceptar las enmiendas en el Senado que reforzarían las protecciones de la privacidad. Las plataformas no podrían obligar a los usuarios a proporcionar documentos de identidad emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes o licencias de conducir, ni podrían exigir una identificación digital a través de un sistema gubernamental.
“¿Será perfecta? No. Pero ¿hay alguna ley perfecta? No, no lo es. Pero si ayuda, aunque sea de la forma más mínima, marcará una enorme diferencia en la vida de las personas”, dijo Tehan al Parlamento.
El proyecto de ley fue presentado al Senado el miércoles por la noche para ser debatido en una hora no especificada. El apoyo de los principales partidos prácticamente garantiza que la legislación se aprobará en el Senado, donde ningún partido tiene mayoría de escaños.
Los legisladores que no estaban alineados ni con el gobierno ni con la oposición fueron los más críticos con la legislación durante el debate del martes y miércoles.
Con información de: Dopar Today
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Internacional
La Casa Blanca criticó a jueza que falló a favor del parole y apelará la decisión (+Video)

La Casa Blanca criticó este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como ‘parole humanitario’, y adelantó que apelará la decisión.
La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, señaló en una rueda de prensa directamente a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, calificándola de «rebelde».
«Otra jueza de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», indicó la portavoz, que aseguró que «lucharemos en contra en los tribunales».
Además de su campaña para deportar a los más de once millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha decidido también arrebatar el estatus legal a decenas de miles de personas que llegaron al país bajo programas de migración legal promovidos por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril
A través del ‘parole humantario’, las personas en Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar desde sus países un permiso para viajar a EE.UU. y obtener un permiso de trabajo.
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios. Pero la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del ‘parole’, que se otorgó por un periodo de dos años.
Los beneficios del parole humanitario
El Gobierno de Biden instauró este programa en 2022 para venezolanos y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos. En un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’. Lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
Con información de ACN/EC/AV
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