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Justicia argentina notificó a Interpol sobre orden de captura contra Presidente Maduro

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Justicia argentina notificó a Interpol -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía
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La justicia argentina notificó este miércoles a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sobre la orden de captura contra Nicolás Maduro y otros funcionarios por presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El juez federal Sebastián Ramos formalizó la orden de captura contra Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. También pidió la indagatoria y detención de 14 militares y policías acusados por la fiscalía.

Ramos pidió al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina emitir la orden de captura internacional. «En forma urgente recaben, mediante los canales que estimen correspondan, la información que permita la identificación de cada una de ellas», acotó.

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que presentó la denuncia, pidió a la Interpol «tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas».

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Argumentos del tribunal

La Cámara Federal de Buenos Aires aprobó el lunes la indagatoria contra Maduro y Cabello, tras una petición de las víctimas y los fiscales. Fuentes judiciales dijeron a Infobae que los acusan de ordenar «secuestros, torturas, asesinatos».

«Los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales», dijo el tribunal.

Los jueces dijeron que los presuntos crímenes «se seguirían perpetrando al día de la fecha». Es por ello que, «para poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas», ordenó la captura de Maduro y Cabello.

Por su parte, las autoridades chavistas emitieron una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos funcionarias de su gobierno por el caso del avión de Emtrasur. Luego notificó a la Interpol sobre la medida.

Con información de ACN/CD

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Internacional

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

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Gobierno de EEUU solicita deportar venezolanos
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A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.

El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.

El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.

Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.

Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.

La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.

Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.

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