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Amnistía Internacional preocupada por aumento de migración de venezolanos

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Amnistía Internacional de Venezuela dio a conocer diagnósticos y propuestas ante el actual éxodo masivo de personas que desde el país huyen en un contexto de emergencia humanitaria y los mismos fueron recogidos en el foro “Migración en Emergencia”, último de los tres eventos temáticos que surgieron como espacios de discusión sobre preocupaciones por el declive del bienestar de la población que afecta con mayor contundencia a sectores históricamente discriminados por la acción del sexismo, la clasismo, la lesbohomotransfobia, el racismo y la xenofobia.

“El perfil del migrante venezolano ya no es clase media, se ha dado paso a flujos constituidos por diferentes niveles socioeconómicos, entre los que se posicionan con mayor grado de vulnerabilidad las y los individuos intersectados por la etnicidad y el género” con estas palabras abrió Alicia Moncada, responsable del trabajo en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para Amnistía Internacional Venezuela.

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“Queda insistir en que, desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos en medio de un trabajo sinérgico generando diagnósticos y propuestas, exhortando al Estado a aceptar la cruel realidad que nos circunda, transversaliza y marca, a la par que trabajamos por la activación de la cooperación internacional y de apoyo a ONG para mitigar el sufrimiento diario y real de la población venezolana”.

Autoridades venezolanas no pueden seguir mirando para otro lado 

A través de sus representantes, las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales que se dieron cita en el foro, resaltaron que el gobierno venezolano debe dejar de mirar hacia otro lado ante el fenómeno de la emigración venezolana y empezar a levantar estadísticas junto a expertos que permitan tomar medidas en tanto es el Estado el responsable del bienestar de todas las venezolanas y todos los venezolanos, dentro o fuera de las fronteras del país.

También se explicó que, en países con una larga historia de migración como Ecuador, las personas nacionales fuera del territorio tienen incluso representación legislativa, lo cual es crucial para que pueda haber un seguimiento de sus derechos.

Los países vecinos están en la obligación de brindar atención y documentación a quienes huyen de Venezuela

Existe un amplio consenso en que las autoridades de los países vecinos deben brindar atención y rutas seguras a todas las personas que huyen de Venezuela sin importar su estatus migratorio, de manera no solo de respetar los derechos humanos de esta población sino también aprovecharla para el desarrollo de sus propios países.

Juan Fernando Flores, diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador, expuso que instancias como el Parlamento Andino deben generar una política regional que ayude a mitigar el gran sufrimiento humano en este escenario. “La mayor emigración desde Venezuela en la actualidad se da a través de la frontera con Colombia. Venezolanas y venezolanos están tratando de salir como sea; países vecinos tienen la responsabilidad de garantizar canales regulares que les protejan”

En este sentido, para Flores, es necesario brindar documentación a las personas migrantes de manera de evitar situaciones de trabajo forzoso, trata, subempleo y estafas.

“A pesar de que la mayoría de las personas que emigran desde Venezuela a Brasil son jóvenes y tienen un alto nivel educativo, muchos terminan pidiendo dinero en los semáforos”, apuntó Leonardo Cavalcanti, experto y representante de la Universidad de Brasilia y del Observatorio de Migraciones Internacionales, quien agregó que los pueblos indígenas se llevarían la peor parte: debido a que es especialmente difícil para ellos que consigan documentación. “»El 90% de las y los warao Venezuela están saliendo para llegar a Brasil. La mayoría vive en condición de calle, cerca de las estaciones de autobuses”.

Sobre este tema en particular José Naveda, activista warao, denuncia que indígenas en Venezuela emigran porque están muriendo de hambre y por la falta de medicinas. La contaminación también les afecta, “hay niños muriendo por beber agua del río al no haber potabilizadoras de agua”.

“Los pueblos indígenas de Delta Amacuro necesitan proyectos sustentables a largo plazo, no medidas puntuales asistenciales, como recibir una bolsa de comida de vez en cuando”.

No nada más venezolanos: colombianas y colombianos que regresan a su país desde Venezuela también se ve afectados

Elyaisela Cabrera de Hias Venezuela, apuntó que “no solo es necesario atender a venezolanos que salen de Venezuela por la emergencia humanitaria sino también a colombianos que están regresando a su país”.

“Personas que huyen de Venezuela necesitan apoyo: asistencia legal así como seguridad alimentaria, servicios de primeros auxilios psicológicos e integración socio cultural, basados en redes comunitarias que faciliten espacios de integración. Si las personas que emigran no son informadas por las autoridades pueden ser vulnerables a abusos”.

Nota de prensa.

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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