Economía
El cambio en la relación Gobierno-sector privado en Venezuela, en claves

El cambio en la relación Gobierno-sector privado en Venezuela, en claves. El Gobierno venezolano, tras años acusando a los empresarios de «golpistas», «conspiradores» o «nido de víboras», bajó el tono contra el sector privado; con el que ahora estudia soluciones a los problemas de operatividad de industrias y comercios, imprescindibles para continuar la senda de la recuperación económica.
El presidente Nicolás Maduro busca hacer las paces con el empresariado, al que pidió propuestas y sugerencias para impulsar la economía; un intento de acercamiento que aplaude el presidente de la Confederación de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, quien dijo a Efe que se trata «de dirimir diferencias» y trabajar para solventar los problemas que afectan a la producción.
El cambio en la relación Gobierno-sector privado, ¿por qué?
Más que un cambio en su filosofía o un «entendimiento de un nuevo modelo de desarrollo»; el acercamiento es, para el economista Luis Vicente León, «una acción mucho más pragmática» por parte del Ejecutivo, para hacer frente a la crisis económica, las sanciones y la pandemia.
Estos factores provocaron una caída en el ingreso de divisas, lo que hizo que el Gobierno perdiera la capacidad de mantener su dominio sobre la economía a través de los controles de cambio y precios; y de las importaciones, con las que competía con el sector privado.
«En el pragmatismo de sostenimiento, tanto de su economía como de su Gobierno, se da cuenta (de) que el sector privado, lejos de ser un enemigo (…), es la vía potencial para poder garantizar abastecimiento, producción y empleo» en medio de las sanciones; dijo a Efe el también presidente de Datanálisis.
¿En qué consiste el cambio?
Además de flexibilizar el control cambiario y liberar precios; la Administración de Maduro ha propiciado recientemente encuentros con el sector privado.
Desde hace dos meses, los principales dirigentes empresariales mantienen reuniones en mesas técnicas con las carteras de Economía y Finanzas, de Industrias y Producción, de Comercio y de Energía Eléctrica; explicó el presidente de Conindustria, uno de los gremios participantes.
Este mecanismo se ha ampliado a las regiones con la instalación de mesas en estados como Táchira; donde está el principal paso fronterizo con Colombia, y Bolívar, que limita con Brasil.
¿Cómo favorece al Gobierno?
A juicio de León, estos cambios favorecen al Gobierno, entre otras razones; porque lograron que se recuperen «ciertos niveles de estabilidad en la economía», lo que baja la tensión social.
Además, una parte de los venezolanos que piensa que el país mejoró respecto a 2018, cuando la hiperinflación estaba en su cúspide; puede tener un mejor concepto «de la gestión del Gobierno», que ha visto en el último año y medio una subida en su popularidad.
Según estudios elaborados por Datanálisis, la popularidad de Maduro aumentó 10 puntos desde principios de 2021, cuando el 13% de la población evaluaba de forma positiva al mandatario; hoy es el 23 %, lo que, no obstante, sigue siendo una puntuación «baja».
¿Cómo beneficia al sector privado?
Los recientes acercamientos han dado, según Pisella, frutos que alimentan la esperanza de los empresarios de una mejora en las condiciones para operar; los problemas planteados por los gremios -entre ellos la «voracidad fiscal» y la competencia «desleal» de productos importados- fueron respondidos con acciones.
En un encuentro del Consejo Nacional de Economía, al que fueron invitados los empresarios, Maduro anunció la próxima presentación de una propuesta de ley de armonización tributaria ante el Parlamento; cuyo objetivo es disminuir los impuestos que cobran las alcaldías, que se han «exacerbado», afirmó Pisella.
Por otra parte, tras insistir en la «competencia desleal» de productos importados, el Gobierno volvió a cobrar aranceles a bienes que, pese a producirse el país; se estaban comprando al exterior y entraban sin pagar impuestos.

Luigi Pisella,, presidente de Conindustria.
¿Cómo incide en la población?
Tras estos cambios, se percibe «una mejora en la capacidad productiva, un aumento en la producción, un pequeño aumento del consumo y un mejor ambiente de negocios de lo que había en 2018», lo que impacta también en la población; señaló León.
A su juicio, el «acercamiento, la negociación y la inclusión del sector privado; sin duda es positiva en términos de expandir la economía y de generar más actividad».
Para Pisella, las soluciones a los problemas presentados al Ejecutivo llegarán «gradualmente»; y espera que se traduzcan en una mejora del poder adquisitivo y una recuperación de los empleos.
ACN/MAS/EFE
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Economía
Expertos analizan el impacto de la morosidad en los condominios

El aumento de la inflación y la morosidad en los condominios venezolanos ha generado preocupación. Según el diagnóstico presentado por Elías Santana, el 51% de los condominios están en alerta amarilla y el 7% podría colapsar este año.
Santana enfatizó la importancia de la transparencia en la administración de los condominios y recomendó analizar cada caso de morosidad de manera individual.
Por su parte, María Alejandra Parra destacó la necesidad de que los deudores busquen acuerdos de pago y recordó que la Ley de Propiedad Horizontal permite una participación amplia en la gestión condominial.
Ante la crisis, los especialistas han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la creación de tribunales especializados en convivencia y morosidad, así como la implementación de un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria.
Sobre la responsabilidad que tienen los copropietarios con el pago del condominio, Parra puntualizó: «Aquí tenemos que tener una conciencia colectiva, un compromiso; si yo dejo de pagar la planilla de gastos comunes –los recibos del condominio- de manera directa está afectando mi calidad de vida».
Por lo tanto, es indispensable que las personas busquen una solución desde el punto de vista humano antes de tener que llegar a la cobranza extrajudicial o irse a la vía judicial con una demanda que traería como consecuencia que el inmueble deba ser rematado si el deudor no se pone a derecho.
Ante los gastos que acarrearían estas cobranzas, los entrevistadosles sugirieron a las juntas de condominio hacer estimaciones y tomar las debidas previsiones presupuestarias.
Explicaron además el rol que tienen ahora los Jueces de Paz y lo que esperan en materia legal.
«Lo que le pedimos al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) es tribunales especializados en convivencia y morosidad, y juicios muy celeros y rotundos», afirmó Santana.
Para concluir, el especialista en condominios recalcó la necesidad de reforzar la educación ciudadana y que se apliquen las sanciones correspondientes.
«Necesitamos un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria: que es poner de acuerdo a las fiscalías municipales, a la defensoría, a las alcaldías, las gobernaciones y ahora a los 30 000 Jueces de Paz, y que a toda taquilla que tú vayas a plantear un tema de convivencia comunitaria, la respuesta sea la misma (…); eso se lo pedimos al Ejecutivo Nacional, así como le pedimos a la banca, algo que
tú has planteado muchas veces, crédito para los condominios (…); necesitamos que el sector privado reaccione positivamente y ofrezca créditos para los condominios».
Con información de nota de prensa
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