Economía
La Unidad Tributaria aumentó a 1.200 bolívares

La Unidad Tributaria (UT) aumentó a 1.200 bolívares, lo que significa un incremento de Bs. 350. La información se publicó este jueves en la Gaceta Oficial N° 41.423.
Hasta el miércoles estaba en 850 bolívares. El presidente Nicolás Maduro no se refirió a la UT cuando informó sobre el aumento del salario mínimo integral, que se ubicó en Bs. 5.196
A pesar de que el Código Orgánico Tributario (COT), establece que el reajuste de la Unidad Tributaria solo puede hacerse una vez al año; durante los primeros días de febrero. En lo que va de 2018 ya oficializaron tres incrementos.
“La Administración Tributaria tiene las facultades de reajustar la Unidad Tributaria (UT.) cada año, dentro de los quince primeros días del mes de febrero, previa aprobación de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional”; se lee en el código.
La Unidad Tributaria (UT) aumentó más de un 70%
El ajuste del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) representa un incremento porcentual superior a 70%.
El incremento anterior se decretó el primero de mayo, ese mes la Unidad Tributaria pasó de Bs. 500 a 850 bolívares, luego de que el mandatario anunciara lo que sería en ese entonces, el tercer incremento del salario mínimo en el año.
En el mes de marzo el Seniat realizó el primer ajuste de 2018, cuando quedó en 500.000 bolívares. Anteriormente estaba en Bs. 300, lo que representó en ese momento un incremento de 60%.
El ajuste elevará todos los costos de servicios y trámites. Con respecto a este último, significará un duro golpe para quienes gestionan los documentos para poder emigrar de Venezuela.
El incremento de salario mínimo es cuestionado por instituciones privadas dedicadas al área económica; como Ecoanalítica, su director Asdrúbal Oliveros, aseguró que la solución no está en el incremento salarial continuo; sino en atacar la hiperinflación.
ACN
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Economía
Expertos analizan el impacto de la morosidad en los condominios

El aumento de la inflación y la morosidad en los condominios venezolanos ha generado preocupación. Según el diagnóstico presentado por Elías Santana, el 51% de los condominios están en alerta amarilla y el 7% podría colapsar este año.
Santana enfatizó la importancia de la transparencia en la administración de los condominios y recomendó analizar cada caso de morosidad de manera individual.
Por su parte, María Alejandra Parra destacó la necesidad de que los deudores busquen acuerdos de pago y recordó que la Ley de Propiedad Horizontal permite una participación amplia en la gestión condominial.
Ante la crisis, los especialistas han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la creación de tribunales especializados en convivencia y morosidad, así como la implementación de un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria.
Sobre la responsabilidad que tienen los copropietarios con el pago del condominio, Parra puntualizó: «Aquí tenemos que tener una conciencia colectiva, un compromiso; si yo dejo de pagar la planilla de gastos comunes –los recibos del condominio- de manera directa está afectando mi calidad de vida».
Por lo tanto, es indispensable que las personas busquen una solución desde el punto de vista humano antes de tener que llegar a la cobranza extrajudicial o irse a la vía judicial con una demanda que traería como consecuencia que el inmueble deba ser rematado si el deudor no se pone a derecho.
Ante los gastos que acarrearían estas cobranzas, los entrevistadosles sugirieron a las juntas de condominio hacer estimaciones y tomar las debidas previsiones presupuestarias.
Explicaron además el rol que tienen ahora los Jueces de Paz y lo que esperan en materia legal.
«Lo que le pedimos al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) es tribunales especializados en convivencia y morosidad, y juicios muy celeros y rotundos», afirmó Santana.
Para concluir, el especialista en condominios recalcó la necesidad de reforzar la educación ciudadana y que se apliquen las sanciones correspondientes.
«Necesitamos un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria: que es poner de acuerdo a las fiscalías municipales, a la defensoría, a las alcaldías, las gobernaciones y ahora a los 30 000 Jueces de Paz, y que a toda taquilla que tú vayas a plantear un tema de convivencia comunitaria, la respuesta sea la misma (…); eso se lo pedimos al Ejecutivo Nacional, así como le pedimos a la banca, algo que
tú has planteado muchas veces, crédito para los condominios (…); necesitamos que el sector privado reaccione positivamente y ofrezca créditos para los condominios».
Con información de nota de prensa
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