Sucesos
Detenidos 25 gerentes y sancionados más de 40 negocios
Ya pasan de cuarenta los establecimientos comerciales; entre panaderías, clínicas, farmacias y supermercados; que resultaron sancionados con multas y unos 25 gerentes y encargados de comercios detenidos; por especulación, re marcaje de precios y ofertas engañosas; considerados como delitos económicos contra el poder adquistivo de los venezolanos.
Las sanciones a establecimientos comerciales; ubicados en el territorio nacional que; desde la entrada en vigencia de la reconversión monetaria; han incurrido en especulación, remarcaje de precios y oferta engañosa; vulnerando el poder adquisitivo de los venezolanos; se dieron en gran medida por denuncias oportunas del pueblo organizado,

Casi 3 mil procedimientos de fiscalización
Un total de 2 mil 689 procedimientos de fiscalización se han desplegado; por instrucción de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde); organismo que identificó la comisión de delitos socioeconómicos en comercios expendedores de alimentos y medicinas; desde el 20 de agosto, fecha en la cual inició la circulación del Bolívar Soberano.
Las acciones de supervisión; que serán acompañadas por 68 fiscales del Ministerio Público (MP); ocasionó la apertura de procesos sancionatorios contra establecimientos comerciales; así como la detención de gerentes y subgerentes; involucrados en maniobras de boicot contra el pueblo.
Hasta el momento, 37 establecimientos comerciales; entre ellos panaderías, clínicas, farmacias y supermercados, resultaron sancionados con multas; que varían entre 12.500 y 60.000 unidades tributarias (UT).
Lara y Falcón tiene 32 comercios intervenidos
Del total de comercios, 32 se encuentran en los estados Lara y Falcón; donde se fijaron multas de 120.000 y 210.000 UT, respectivamente; por incumplimiento de formalidades, especulación y condicionamiento.
De igual modo, la Sundde abrió este jueves un proceso sancionatorio administrativo; contra Luvebras, Excelsior Gamas, Locatel, Central Madeirense y Farmahorro; por incurrir presuntamente en los delitos de Especulación, Remarcaje de Precios y Oferta engañosa; entre otros delitos socioeconómicos, informó la Superintendencia en su página web.
Más de 25 especuladores detenidos
Gracias a operativos de fiscalización y verificación de precios; hasta la fecha, más de 25 ciudadanos, entre los que destacan gerentes, subgerentes y encargados de establecimientos; han resultado detenidos por la comisión de delitos de usura, acaparamiento y especulación.
En el estado Lara, por ejemplo, 14 ciudadanos fueron detenidos; al determinarse su responsabilidad en el incremento gradual de los precios de los productos; que en algunos casos; superaban en más de 4.000% el costo real de ventas al público.

6 gerentes capturados en Carabobo
Un total de seis ciudadanos fueron apresados en el estado Carabobo; por quebrantar las normativas jurídicas en materia económica. En la lista de detenidos figuran un gerente de la sucursal del Central Madereinse, en Naguanagua; el propietario de la farmacia Satélite, en San Joaquín; el subgerente de la sucursal del Híper Líder, en Valencia y el gerente del Automercado Boga, en Los Guayos.
Dos ciudadanas también resultaron detenidas; por incurrir en presuntos delitos de especulación, boicot, usura, obstrucción; del debido proceso e incumplimiento de formalidades en la empresa de servicios funerarios; Seres Previsivos La Solución, ubicada en la entidad central.
En Nueva Esparta fue apresado el propietario de la panadería y pastelería Las Pilanderas; donde, a la par de determinarse especulación en precios de pan; se hallaron 46 bultos de azúcar en presentación de 700 gramos; 45 bultos de harina de trigo de 1 kilogramos; y 144 unidades de café de 200 gramos, presuntamente acaparados.
Respaldo popular en la fiscalización
En las jornadas de fiscalización y supervisión el respaldo popular es un factor clave; dado que la contribución de los venezolanos permitió frenar maniobras especulativas. Bajo esta metodología, que registra más de 36 mil denuncias; se logró la aprehensión de un ciudadano de origen asiático; propietario del Supermercado Chinito, en el estado Aragua; así como la detención del encargado del Frigorífico La Rosa Mística; ubicado en el estado Miranda.
El acaparamiento de mercancía, especulación y remarcaje de precios; fue un factor común en ambos casos, reseñó la Sundde.
En La Trinidad, estado Miranda, resultaron detenidos la gerente y subgerente de la sucursal del supermercado Plan Suárez, ubicado en La Trinidad, estado Miranda, por la comisión de delitos de usura, acaparamiento y boicot.
Las autoridades nacionales, hallaron ocho toneladas de artículos de la cesta básica que se encontraban acaparados en los depósitos del establecimiento.
En el estado Zulia, específicamente en Maracaibo, fueron detenidos dos gerentes del Mini Market & Súper Express Don Biagio por incurrir en delitos de incumplimiento de formalidades, especulación y boicot.
Con el despliegue de operativos de fiscalización, se busca erradicar las prácticas especulativas y garantizar la protección del salario de los trabajadores, que, a partir del 1º de septiembre, se ubicará en Bs. S 1.800.
ACN/redes/diarios
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Sucesos
En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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