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Venezuela se encuentra divida ante la propuesta de «Petróleo por Alimentos»

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Venezuela se encuentra divida ante la propuesta de "Petróleo por Alimentos"
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Una propuesta para modificar las sanciones petroleras de EE.UU. a Venezuela, para permitir el trueque de las exportaciones de crudo por alimentos ha dividido el país, entre quienes dicen que la medida evitaría la hambruna y quienes predicen que el gobierno de Maduro la usaría para cometer mas abusos.

Henri Falcon, el exgobernador del estado Lara, dijo el jueves que escribió una propuesta a las Naciones Unidas y al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos; solicitando una exención para las importaciones de alimentos y medicamentos.

La ONU implementó un programa similar en Irak, otra economía dependiente del petróleo, de 1996 a 2003 para ayudar a los ciudadanos a hacer frente a las sanciones de la ONU; después de que Saddam Hussein invadiera Kuwait en 1990.

Hasta principios de 2019, EE.UU. era el mayor importador de crudo de Venezuela. La petrolera estatal PDVSA obtuvo efectivo del petróleo que envió a las refinerías norteamericanas; mientras que utilizó las exportaciones a otros clientes importantes como la CNPC de China y la Rosneft de Rusia para pagar la deuda.

Venezuela se encuentra divida ante la propuesta de "Petróleo por Alimentos". Foto: fuentes.

Venezuela se encuentra divida ante la propuesta de «Petróleo por Alimentos». Foto: fuentes.

Sanciones al gobierno madurista

El Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA, como parte del intento de la administración de Trump de presionar a Maduro para que renuncie, en medio de un casi total colapso económico hiperinflacionario.

Los envíos de crudo de PDVSA a los Estados Unidos, han desaparecido y la producción de crudo en Venezuela ha caído a casi la mitad de los niveles del año pasado.

Esto ha reducido los ingresos públicos disponibles para importar alimentos y medicinas, que escasean para los necesitados hogares venezolanos.

Los defensores de las sanciones argumentan que es probable que cualquier producto de la venta de petróleo sea malversado por el gobierno.

Sin embargo, Maduro sigue en el poder a pesar de las sanciones y de una campaña de seis meses por parte de Juan Guaido, para poner a su lado a las fuerzas armadas del país.

No es viable la propuesta

Pero los aliados de Guaido, argumentan que la mejor manera de resolver la crisis humanitaria que ha llevado a más de 4 millones a emigrar, es justamente centrarse en derrocar al régimen Maduro.

Maduro rechazó por mucho tiempo las ofertas de ayuda humanitaria, y los recientes envíos que ha permitido desde la Cruz Roja no han sido suficientes, o bien no han sido sometidos a controles suficientes; dijo Manuela Bolívar, diputada del partido Voluntad Popular.

«Este programa no garantizaría que la gente reciba alimentos porque tiene una estructura de incentivos para robar»; dijo Bolívar en una entrevista telefónica para Reuters.

CLAP Sancionado por EE.UU.

El jueves, el Departamento del Tesoro de los EE.UU., sancionó a 10 personas y 13 grupos económicos involucrados en el programa de distribución de alimentos CLAP que, según dijo: literalmente llenaba los bolsillos de Maduro y su familia.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios sobre la propuesta, realizada por la agencia Reuters.

El gobierno culpa a un «bloqueo» de los Estados Unidos por sus problemas económicos; aunque no hay sanciones de los Estados Unidos que impidan la importación de alimentos y medicamentos.

Con información de: ACN|Reuters|Redes

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AN designó comisión para nombrar nuevo fiscal, contralor y defensor del pueblo

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AN designó comisión para nombrar nuevo fiscal-Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Nacionales
Foto: Cortesía
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La Asamblea Nacional (AN) designó este jueves una comisión de diputados para elegir a un nuevo fiscal general, contralor general y defensor del pueblo, miembros del Poder Ciudadano del país.

Durante el pleno, la diputada chavista Carolina García explicó que el Poder Ciudadano – que incluye la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo- fue incluido en la Constitución aprobada en 1999 como una rama del poder público, rompiendo con la «estructura clásica» en la división de poderes.

El resto de los legisladores que componen el comité son los chavistas Desirée Santos Amaral, Carolina García, José Oscar Villarroel, María Gabriela Vega, Gloria Mercedes Castillo, Ginkellys Gutiérrez, Nicia Maldonado, Nancy Ascencio y Fernando Bastidas, así como los opositores José Gregorio Correa, Alfonso Campos y Timoteo Zambrano.

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Ejerció poderes incontestables en el país

En agosto de 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció poderes incontestables en el país durante dos años, designó a Tarek William Saab como fiscal general, luego de aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

La ANC acusó a Ortega de cometer «actos inmorales». También a su esposo, el exdiputado chavista Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

ANC también designó  al contralor general

Posteriormente, en octubre de 2018, la ANC designó como nuevo contralor general al oficialista Elvis Amoroso. Este ocupó el cargo hasta 2023, cuando lo dejó para asumir como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se mantiene hasta la fecha.

De acuerdo a la legislación venezolana las designaciones del contralor, fiscal y defensor corresponde al Parlamento, entonces controlado por la oposición. Declarado en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que la ANC hizo uso de su carácter plenipotenciario para asumir estas tareas.

Con información de ACN/NT

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